Mirá el tablero en Asunción, Paraguay: la crisis financiera se volvió política en cuestión de horas, cuando la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el juicio contra Santiago Peña, quien presentó su renuncia a la Presidencia.
El ahora ex mandatario habló en un video difundido en su cuenta de X y dejó una frase que marcó el tono: “La historia se encargará de juzgar y poner en su justa dimensión los acontecimientos que hoy nos toca vivir”.
¿Puede un banco privado terminar de tumbar a un presidente? El detonante fue el cierre de Ueno Bank, entidad vinculada al saliente presidente y que dejó con fondos congelados a casi tres millones de ahorristas. La entidad administraba entre USD 800 millones y USD 850 millones de dinero estatal.
La sesión del Congreso Nacional fue reprogramada: el encuentro, previsto inicialmente para las 17:00, quedó fijado para las 15:30. El cambio de horario dejó en claro que el tema no podía esperar y que el país miraba cada movimiento del tablero político.
En el mismo mensaje, Peña puso el acento en los clientes del banco: “Mi prioridad es una sola: la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros en nuestro sistema financiero”. También reclamó que el Fondo de Garantía de Depósitos asegure la devolución de los recursos y la protección de los fondos públicos.
Ueno Bank no era una entidad cualquiera: era privada, pero durante la gestión de Peña recibió millonarios depósitos de instituciones públicas. Esa mezcla entre lo estatal y lo financiero terminó de encender la polémica y de convertir el problema bancario en una crisis de gobernabilidad.
El golpe político llegó de adentro del propio mundo colorado. Horacio Cartes, expresidente de Paraguay y titular de la ANR, anunció que el Partido Colorado acompañaría el juicio político contra el ahora ex jefe de Estado.
El apoyo de su propio partido fue el golpe final. Peña había hablado de estabilidad y paz social; después del anuncio de la ANR, la salida dejó de ser una posibilidad lejana.
La votación fue contundente: 78 asistentes al plenario avalaron activar el mecanismo previsto en el artículo 225 de la Constitución. Los diputados acusaron a Peña de “un grave y sistemático mal desempeño de sus funciones”.
El Senado deberá resolver el juicio, mientras el Congreso se prepara para tratar la renuncia y la eventual sucesión de Pedro Alliana. El precedente inmediato no fue menor: en 2012, el Senado de Paraguay destituyó a Fernando Lugo en un proceso que duró menos de 30 horas.
La sucesión quedó en el centro del tablero: si el Congreso avanza, Paraguay entrará a una etapa de transición con la mirada puesta en los ahorristas, en las instituciones democráticas y en el destino de una crisis que ya no es solo bancaria.
