Seis registros, sesenta días hábiles y un ajuste que vuelve a golpear la estructura registral de Entre Ríos. La Resolución 538/2026 del Ministerio de Justicia ordenó suprimir dependencias en Paraná, Concepción del Uruguay, Nogoyá, General Ramírez, Basavilbaso, Rosario del Tala, Gualeguaychú y Urdinarrain.
La medida forma parte de un paquete de 72 supresiones en todo el país, publicado en el Boletín Oficial. En la provincia, cinco registros aparecen en el anexo actual y el de Concepción del Uruguay ya estaba incluido en una resolución anterior, aunque ahora se avanza con su cierre operativo. En el resto del país, la norma dispone 67 nuevas supresiones y formaliza otras cinco que ya habían sido decididas.
En Paraná, el cierre corresponde a un registro dedicado exclusivamente a trámites de maquinaria agrícola, vial e industrial y créditos prendarios. En Concepción del Uruguay, alcanza al Registro de la Propiedad del Automotor N° 3. En Nogoyá y General Ramírez también se trata de oficinas especializadas en maquinaria y créditos prendarios.
El plazo de 60 días hábiles empezó a correr desde la publicación. Los trámites y dominios que se gestionan en esas dependencias deberán trasladarse a otros registros que sigan funcionando. La Dirección Nacional podrá ampliar las funciones de las oficinas que permanezcan abiertas para recibir nuevas tareas.
La reorganización forma parte del Plan Nacional de Digitalización y Reordenamiento Integral del Sistema de Registros Automotores, aprobado mediante la Resolución 306/2026. Según el Ministerio de Justicia, el objetivo es optimizar recursos y adecuar la estructura del sistema, entre otras razones, por las vacantes existentes en los cargos de encargados.
El impacto laboral es el punto más áspero. El personal administrativo depende laboralmente de los encargados de cada registro y no del Estado, por lo que el cierre también pone en riesgo los puestos de trabajo. No es un dato menor: cuando se cierra una oficina, no se apaga solo un mostrador, se mueve una cadena de empleo.
La reducción de registros ya había generado conflictos con los trabajadores del sector. En mayo de 2024, ante el anuncio de un plan de cierres, el gremio anunció medidas de fuerza, aunque aclaró que no serían generalizadas y que su aplicación quedaría en manos de las delegaciones locales. En noviembre de ese año también hubo un paro de trabajadores de la Dirección Nacional contra el programa de retiros voluntarios que afectaba al personal vinculado al organismo a través de ACARA.
En Entre Ríos también hubo decisiones anteriores. En enero de 2025, la Resolución 19/2025 había incluido oficinas de la provincia en otro paquete de cierres. La medida motivó un pedido de informes del diputado nacional Atilio Benedetti, quien reclamó precisiones sobre el impacto para los usuarios y los registros que recibirían los trámites.
En agosto de 2026, además, la Resolución 411/2026 trasladó las competencias del Registro de Motovehículos Letra A de Paraná al Registro de la Propiedad del Automotor N° 3, ubicado en Paraná 117. De esa manera, la oficina dejó de funcionar como una dependencia independiente.
La Resolución 538/2026 lleva la firma del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. El plazo de 60 días hábiles para concretar las supresiones comenzó a correr desde su publicación en el Boletín Oficial. La reorganización deja en el aire la destinación de los trámites y la situación laboral de los registros que se achican.
