A primera hora de este miércoles, cuando había pasado poco menos de un día desde que se conociera el video de un comercio en Chajarí, la diputada Marclay presentó una denuncia ante el STJER. La presentación se hizo en la oficina de violencia de género.
La legisladora fue directa con el contenido: “No se trata de una imagen inocua”. Para Marclay, la violencia representada tiene un significado social concreto y reconocible.
Las bolsas negras, los cuerpos ocultos, los secuestros y las desapariciones no son, según la denuncia, recursos neutros ni simples elementos de humor. Para Marclay, remiten a hechos de violencia extrema que atraviesan la sociedad y que, en particular, tienen una profunda relación con las violencias ejercidas contra las mujeres.
La comunicación del comercio podría haber cometido infracciones de la Ley 26.485. Puntualmente, violencia simbólica y violencia mediática contra las mujeres, según establecen los artículos 5 y 6.
Además, la diputada remarcó que existen leyes entrerrianas especiales. La Ley Provincial 10.956, en su artículo 4, incorpora expresamente la violencia mediática dentro del régimen de protección provincial.
La calificación jurídica definitiva deberá hacerse a partir del análisis integral del contenido, su contexto, las imágenes y el mensaje. También debe tenerse presente que la aplicación de la Ley 26.485 requiere que exista una conducta basada en razones de género.
El sistema de recepción de denuncias por Violencia de Género del STJER dispone renviar la denuncia a los juzgados de la localidad donde se habría producido el hecho. En este caso, el destino es Chajarí.
El punto no es solo un video que circuló: es el mensaje que queda instalado. Cuando una imagen se repite, deja de ser un chiste y se vuelve clima y costumbre.
La pregunta incómoda es simple: ¿hasta dónde se puede disfrazar la violencia de humor? Si el contenido normaliza la desaparición o el secuestro, ya no es un simple recurso de comunicación.
La denuncia de Marclay también obliga a mirar el rol de los comercios y de las imágenes que circulan. No se trata de perseguir a nadie: se trata de que cada imagen tenga consecuencias cuando cruza la línea del respeto.
El marco legal citado no es decorativo. La Ley 26.485 y la Ley Provincial 10.956 muestran que el Estado ya reconoció que la violencia también se ejerce con palabras, imágenes y símbolos.
Lo que viene será técnico, pero no frío. Los juzgados de Chajarí deberán analizar el contenido, el contexto y el mensaje para determinar si hubo una conducta basada en género.
La denuncia no cierra el debate: lo empuja hacia el terreno jurídico. Ahora queda en manos de los juzgados de Chajarí definir si ese video fue humor o una forma de violencia.
