La constatación se hizo desde el aire. Frente a Puerto Ruiz, próxima a la intersección de los ríos Gualeguay y Paraná Ibicuy, un terraplén rodea una superficie de más de 40 mil hectáreas.
Se trata de una obra que protege de las inundaciones a la estancia de Estancias del Ibicuy, cuyo referente es Pedro Pou. Pero el beneficio no queda ahí: el terraplén interrumpe el curso del caudaloso arroyo Viraguay y termina perjudicando a los campos vecinos.
El dato no es menor. En Entre Ríos rige la Ley N° 9172, que regula el uso, aprovechamiento y conservación de las aguas superficiales y subterráneas, así como sus obras hidráulicas, con fines económico-productivos bajo principios de equidad y racionalidad ambiental.
La autoridad de aplicación es el Corufa, el Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua, que regula, planifica y protege los recursos hídricos y ejerce el poder de policía. Según la constatación, el terraplén cuenta con observaciones formales del organismo y se dispuso realizar cortes en la estructura para permitir el flujo normal del arroyo.
Los propietarios, según la constatación, incumplieron sistemáticamente las decisiones del Corufa. La situación se agrava porque llega con la inminencia de inundaciones en la cuenca del Gualeguay, cuando el arroyo necesita pasar y el terraplén se levanta como una barrera.
El conflicto no es solo técnico: es un espejo de cómo se resuelven, o no, los conflictos hídricos en el campo entrerriano. Cuando un terraplén protege una enorme superficie, la pregunta queda en la mesa: ¿quién paga el costo ambiental y productivo de esa decisión?
El cierre es claro: si el arroyo Viraguay no puede circular con normalidad, el riesgo no se resuelve con un terraplén, se traslada. Y en una cuenca como la del Gualeguay, cada metro de agua que se desvía puede terminar siendo un problema para los vecinos.
El punto sensible es la forma: no se trata de una obra aislada, sino de un cerco hídrico que modifica el comportamiento de un arroyo. En un territorio donde el agua define si un campo se seca o se inunda, cada decisión técnica tiene consecuencias políticas, económicas y vecinales.
La pregunta que queda es de fondo: ¿hasta cuándo una estructura de esa magnitud puede seguir funcionando a contramano de lo que dispuso el organismo de control? Si el arroyo Viraguay no tiene salida, el problema no desaparece: cambia de lugar.
Mientras tanto, la cuenca del Gualeguay espera respuestas. No te podés quedar mirando: el agua no se negocia.
