Fuera de Entre Ríos, el juicio por Hotesur y Los Sauces volvió a instalar el mismo eje: la hipótesis de lavado de dinero a través de la actividad hotelera e inmobiliaria de la familia Kirchner. La lectura del requerimiento de elevación a juicio comenzó el viernes y continuó este lunes, a partir de las 10 de la mañana.
La acusación judicial no se limitó a describir operaciones: buscó reconstruir un circuito que unió el patrimonio del Grupo Austral con el de los ex presidentes. En ese relato, Lázaro Báez aparece señalado como el mayor contratista vial de Santa Cruz y, además, como el “amigo personal y socio comercial de los ex presidentes”.
El punto central de la imputación es que Hotesur y Los Sauces habrían funcionado como vehículos para reciclar fondos ilegales. Según la acusación, esos fondos tendrían origen en licitaciones de obra pública vial en Santa Cruz y en beneficios otorgados a empresarios afines.
El esquema descrito por la acusación incluye simulación de alquileres y contratación de plazas hoteleras. Se señala a compañías de los grupos de Lázaro Báez, como Austral Construcciones, Kank y Costilla, y de Cristóbal López y Fabián De Sousa, como Inversora M&S y Álcalis de la Patagonia.
Para la acusación, ese movimiento permitía que el dinero ingresara formalmente y de forma periódica al patrimonio de los exmandatarios. Ahí aparece el núcleo político del debate: Cristina Kirchner y Máximo Kirchner están señalados como responsables de asociación ilícita, en carácter de jefa y organizador, respectivamente.
La ex presidenta, además, enfrenta la imputación por lavado de dinero y recepción de dádivas. No consta una respuesta de la defensa en el relato de la audiencia, y esa ausencia deja el peso de la acusación judicial sobre la mesa.
La lectura de la acusación no es un simple trámite: es el intento de ordenar una historia larga de negocios, obra pública y dinero que, según la hipótesis judicial, buscó pasar de la ilicitud a la apariencia de rentabilidad. En ese marco, Hotesur y Los Sauces dejan de ser dos nombres de empresas y pasan a ser la clave de lectura de un circuito más amplio.
El dato fuerte no es una operación aislada, sino la forma: alquileres simulados, plazas hoteleras y contratos que, según la acusación, servían para que el dinero entrara con regularidad y con traje legal. Esa es la diferencia entre un negocio turbio y un esquema de lavado: la intención de disfrazar el origen.
Para el periodismo, la cautela es obligatoria: vos sabés que una acusación judicial no es una sentencia. Pero también es cierto que, cuando la acusación judicial sostiene un esquema con detalles operativos, el debate deja de ser una sospecha abstracta. Ahí entra el juicio oral: para confirmar, matizar o desmontar esa hipótesis.
El próximo paso será seguir el desarrollo de la audiencia y ver si la defensa logra romper el relato con una lectura alternativa. Mientras tanto, la imputación queda instalada: asociación ilícita, lavado de dinero y recepción de dádivas, con dos empresas familiares como escenario central.
