La Corte Suprema cerró el circuito judicial de una causa que mezcla inteligencia, narcotráfico y un exjefe de la SIDE en Rosario, Santa Fe. El máximo tribunal rechazó la queja de Iván Jokanovich, procesado por encubrimiento agravado por su rol de funcionario público.
Con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte desestimó el recurso de queja impulsado por el exespía. El máximo tribunal consideró que el planteo no cumplía con los lineamientos que rigen para esos recursos, y dejó firme la prisión preventiva que había sido revocada por la Cámara Federal de Rosario tras una apelación de la fiscalía.
La historia arranca en mayo de 2024, cuando Jokanovich fue detenido en el marco de una investigación contra una banda de venta de drogas ligada a un ladero de Ariel “Guille” Cantero, jefe de Los Monos. Según la acusación, el exjefe de la delegación rosarina de la SIDE (exAFI) habría filtrado datos claves a Juan José Raffo, un expolicía condenado como miembro de esa organización en 2018.
La banda operaba en zonas de Villa Gobernador Gálvez, Villa Constitución, San Lorenzo y Granadero Baigorria, en Santa Fe. El dato fuerte es la relación entre Jokanovich y Raffo: no solo conversaciones, sino negocios en común, como el alquiler de un inmueble. Raffo, excomisario y miembro de la banda, retransmitía la información a la narco.
El recorrido judicial fue torcido. Tras su detención, el entonces juez federal Marcelo Bailaque le otorgó la libertad y un mes después lo procesó sin prisión preventiva. La fiscalía apeló y la Cámara Federal de Rosario, con los votos de Silvina Andalaf Casiello y Aníbal Pineda, revocó esa excarcelación. Después, la defensa buscó recusar a los magistrados, pero el planteo fue rechazado por el juez Fernando Lorenzo Barbará y luego por la Cámara Federal de Casación Penal.
La identidad de Jokanovich estuvo protegida durante años por la Ley Federal de Inteligencia, pero en 2025, antes de quedar preso, lanzó una frase que pesa: “Mi vida ahora está en peligro”. Su situación personal también quedó expuesta: tiene un estudio donde trabajan sus dos hijos; su mujer también es abogada, aunque ejerce por su cuenta.
Jokanovich, de 54 años, era abogado y litigaba en casos de accidentes de tránsito, aunque su especialización era en registraciones públicas. En 2015 pasó de ser titular de la oficina rosarina del Registro Nacional de Armas a la SIDE. Además, es dueño de un campo heredado en Arroyo Seco, donde instaló un polígono de tiro que utiliza personal de fuerzas de seguridad y al que solían ir varios comisarios de la región.
La causa no es un hecho aislado: muestra cómo un funcionario de inteligencia puede quedar atrapado entre la protección legal, el poder narco y la justicia. El fallo de la Corte Suprema cierra una etapa, pero deja en pie la pregunta incómoda: ¿hasta dónde llega la filtración de datos cuando el que los maneja es un espía?
