La audiencia quedó marcada por un voto duro del vocal Lafourcade, que desestimó el intento de la defensa de Bordet de apartar al fiscal Arias de la causa por enriquecimiento. El planteo buscaba revertir la decisión del juez de Garantías Edwin Bastián, quien ya había rechazado el pedido. La defensa sostenía que las publicaciones periodísticas, difundidas poco después de las medidas judiciales, sumadas a presuntas inclinaciones políticas del fiscal, ponían en duda su imparcialidad.
Para Romero, la coincidencia entre los datos difundidos y el contenido de las actuaciones judiciales era un dato central. La defensa mencionó publicaciones posteriores a los allanamientos del 28 de mayo en Concordia, que incluyeron dos sucursales de Colorshop, el comercio Super Color y la vivienda de Salvador Carubia, señalado en la investigación como presunto testaferro de Bordet.
Según la defensa, la información difundida por distintos medios sobre los allanamientos y los elementos secuestrados coincidía con datos de las actuaciones judiciales. Romero utilizó esas coincidencias para sostener que podía haberse divulgado información reservada desde el ámbito judicial. El objetivo, según su argumento, era marcar una imagen negativa antes de que se resolviera la situación procesal de los representados.
El argumento era que la difusión de detalles de la investigación contribuía a instalar públicamente una imagen negativa de los representados antes de que se resolviera su situación procesal. Lafourcade respondió que esas coincidencias no demostraban quién había proporcionado la información a los medios y rechazó atribuir la responsabilidad al fiscal sin elementos concluyentes. Recordó que numerosas personas tienen acceso a los sistemas informáticos de la Justicia y sostuvo que no había indicios claros y unívocos.
“La defensa ha venido a plantear un temor de falta de objetividad. El temor debe ser fundado. Y en este caso, no lo está”, afirmó el vocal. También sostuvo que el fiscal “no ha salido a operar públicamente sobre la causa” y que la información “fue obtenida por la prensa por sus propios medios”. Para Lafourcade, las acusaciones contra Arias revelaban además “una actitud hostil” hacia el funcionario.
Uno de los momentos más fuertes de la audiencia llegó cuando Lafourcade cuestionó el intento de vincular las publicaciones periodísticas con una supuesta vulneración del principio de inocencia. “Pretender colocar el principio de inocencia —que es una garantía constitucional— por encima de la libertad de prensa o de información es un pensamiento antidemocrático”, sostuvo. El vocal remarcó que la investigación involucra a figuras públicas y aborda una cuestión de interés para la ciudadanía.
“No se puede poner el interés particular por encima del derecho a la información, que es precisamente lo que nos diferencia de las dictaduras”, expresó. Y agregó: “Hoy no tenemos nada que ocultar. Gracias a Dios existe la prensa, porque la ciudadanía puede saber qué hacemos aquí adentro. Aquí no hay nada que esconder”. La defensa también había cuestionado la supuesta posición antiperonista del fiscal, aunque el vocal consideró que no se probó que las publicaciones fueran consecuencia de una conducta irregular de Arias.
El debate dejó en evidencia la tensión entre información reservada, libertad de prensa y el derecho de la ciudadanía a conocer una investigación que involucra a figuras públicas. Lafourcade dejó claro que, para él, el temor a una falta de objetividad no alcanza si no se apoya en elementos concretos. La audiencia terminó con el fiscal Arias en la causa y el reclamo de la defensa desestimado.
