La reforma no pasó inadvertida en el mundo profesional de la provincia. La Asociación de Entidades Profesionales Universitarias de Entre Ríos, que nuclea colegios, consejos y asociaciones profesionales, salió a rechazar el proyecto que modifica el Código Procesal Laboral y encendió una discusión que va mucho más allá de un expediente.
El texto ingresó a la Honorable Cámara de Diputados el 28 de septiembre de 2026, bajo el Expediente N.º 29.702, y propone cambios sensibles al régimen de honorarios de peritos, a la organización de pericias médicas en riesgos del trabajo y a la aplicación obligatoria de la Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales.
También plantea crear un cuerpo especializado de médicos dependiente del Poder Judicial y derogar el inciso a) del artículo 125, que exigía garantizar el cumplimiento de las sentencias de primera instancia para apelar. Desde la AEPUER advirtieron que esas modificaciones generan serias preocupaciones sobre los derechos de los trabajadores y el funcionamiento de la justicia laboral.
La crítica central apunta a que no se trata de una reforma integral, sino de cambios parciales que podrían favorecer los intereses económicos de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, al reducir costos y limitar montos indemnizatorios. En esa lectura, el golpe no cae sobre el sistema en general, sino sobre los trabajadores que necesitan una reparación efectiva. La AEPUER lo plantea con claridad: el derecho del trabajo tiene una naturaleza protectoria, reconocida por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
La Ley Nº 5.315 y sus modificatorias son el marco que el proyecto quiere tocar. No se habla de un ajuste menor: se modifica la forma en que se calculan honorarios, cómo se ordenan las pericias médicas y qué profesionales pueden intervenir en el proceso. Para el mundo jurídico, esos detalles no son letra chica: son la carne del procedimiento laboral.
El punto más sensible para los trabajadores es el de las pericias médicas. Si se cambia la organización de esas pericias y se impone una tabla obligatoria, el resultado puede ser más previsibilidad para la Justicia, pero también menos margen para discutir la realidad de cada incapacidad. Ahí está la tensión: eficiencia procesal frente a la protección de quien perdió capacidad laboral por un riesgo del trabajo.
El debate ahora sigue en la Honorable Cámara de Diputados, donde cada inciso puede definir cómo se resuelven los conflictos laborales en la provincia. No es un tema lejano: te toca si trabajás, si te accidentás, si necesitás una reparación. Si el proyecto avanza, la discusión va a seguir abierta, con los trabajadores y los peritos mirando de cerca cada cambio.
