Una puerta cerrada puede decir más que una conferencia. Palacio San Martín se volvió escenario de una fricción poco habitual entre la Cancillería y una periodista que cubre política exterior.
La señal es fuerte: Pablo Quirno, canciller, habría ordenado impedir el ingreso de Natasha Niebieskikwiat, quien cubre temas de política exterior desde hace 30 años. Miembros de la Cancillería informaron que la orden fue personal, y la periodista llegó al lugar para cubrir una conferencia que el propio Quirno daba con funcionarios de Estados Unidos.
Según el relato, al llegar al Palacio fue aislada del resto de los periodistas. Empleados de vigilancia de la Cancillería le impidieron el ingreso y la mantuvieron en un vestíbulo, con el objetivo de evitar que hiciera preguntas al propio Quirno y a los funcionarios estadounidenses.
El dato que complica la escena: la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires había informado a Niebieskikwiat sobre el encuentro. Fueron los funcionarios de Quirno quienes le vedaron la entrada.
El contexto no es menor. El domingo se reveló que Estados Unidos había pedido cambios al proyecto de Ley de Soberanía que impulsa el oficialismo en el Congreso, para que no sean perjudicadas empresas estadounidenses por las sanciones previstas en la norma, destinada a hacer más difícil la explotación petrolera en las Malvinas.
En la conferencia, el subsecretario de Estado de Donald Trump, Christopher Landau, y el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, admitieron la preocupación por la ley, que esta semana fue demorada por el propio oficialismo, luego de la revelación. El contenido se conoció mediante las grabaciones que tomaron los otros periodistas que pudieron entrar al evento.
La fricción aparece en medio de una negociación sensible: la ley que busca endurecer las condiciones para la explotación petrolera en las islas y el pedido norteamericano para blindar a sus empresas. Que el oficialismo haya demorado la norma esta semana muestra que el tema no está cerrado, sino en tensión.
El episodio no es un simple detalle protocolar: toca el derecho a informar sobre una reunión con funcionarios extranjeros, en un tema que involucra soberanía y petróleo. Cuando el acceso a la información se vuelve un privilegio administrado, la pregunta queda flotando: ¿quién decide qué se pregunta, quién lo puede preguntar y en qué momento?
La transparencia no se protege con puertas de vidrio, sino con reglas claras, y este episodio deja una cicatriz en la relación entre el poder y el periodismo. No consta un descargo de la Cancillería.
