La mañana del lunes, en el acceso al barrio El Silencio, un operativo policial terminó con 60 envoltorios de cocaína ocultos en el cuerpo de una mujer. La detección ocurrió en un colectivo que llevaba trabajadores rurales de la cosecha.
El procedimiento se desarrolló en la intersección de la Ruta 4 y calle Juana Duarte, uno de los accesos al barrio. Participaron efectivos de Investigaciones e Inteligencia Criminal y de Drogas Peligrosas, con el can detector Mali.
Las marcaciones del animal derivaron en requisas personales, con intervención del fiscal Tomás Tscherning y autorización de la jueza de Garantías María Gabriela Seró. En la requisa a la encargada de la cuadrilla se encontraron los 60 envoltorios, dentro de un preservativo en el interior de su vagina. Las demás requisas dieron negativo.
La sustancia quedó secuestrada y a disposición de la Justicia. Hasta ahora, no se estableció si la cocaína iba a ser comercializada ni si tenía relación con el pago de los trabajadores que viajaban en el colectivo. Ese vacío no es menor: vuelve a cruzar la cosecha con el narcotráfico.
El antecedente no es menor. El 7 de septiembre se conocía una investigación judicial que buscaba determinar si la cocaína era utilizada como forma de pago o compensación por el trabajo de cosecha. En aquel caso, un colectivo con trabajadores rurales fue interceptado sobre la Ruta Nacional 14 y se encontraron 45 envoltorios.
Después, en un allanamiento vinculado a los sospechosos, se secuestraron otros 15 envoltorios, dinero en efectivo y teléfonos celulares. Dos hombres quedaron detenidos, acusados de comercialización de estupefacientes. El fiscal federal Francisco Bernhardt explicó que la pesquisa había partido de información de inteligencia reunida en junio.
Según el relato de un trabajador de la cosecha, que declaró como testigo bajo reserva de identidad, los hombres detenidos recorrían el colectivo ofreciendo cocaína al momento del pago. El mismo testigo atravesaba una situación de consumo problemático. Bernhardt sostuvo que la intervención rápida respondió a la vulnerabilidad de las personas involucradas y a la necesidad de interrumpir la actividad investigada.
En ese contexto, los teléfonos secuestrados aparecían como herramienta para reconstruir relaciones y el funcionamiento de la presunta operatoria. Bernhardt recordó, además, un antecedente de 2018, cuando investigó en Concordia un caso de comercialización de drogas con características similares. Ese antecedente no permite afirmar una práctica generalizada, pero sí sostiene la sospecha sobre el uso de estupefacientes en el circuito de la cosecha.
El nuevo secuestro no cierra la pregunta: ¿qué papel juega la droga en un trabajo que se organiza con temporalidad y vulnerabilidad? Lo que sí queda claro es que el colectivo de cosecheros volvió a ser el escenario donde la justicia busca cortar un vínculo que todavía no se puede demostrar como regla, pero que ya se repite como sombra.
