El 30 de noviembre llega un cambio de peso en la justicia federal: el nuevo sistema acusatorio. La advertencia no llega de cualquier lugar: Juan Ignacio Lazzaneo, defensor público de víctimas, ya marcó el punto que preocupa a las cárceles de Entre Ríos.
El 30 de noviembre no es una fecha cualquiera: el sistema no se implementa como un trámite más. Modifica la manera en que se procesan las causas y, con eso, altera el flujo de personas que pueden terminar privadas de libertad. Para Entre Ríos, que ya discute su situación penitenciaria, ese efecto no es menor.
Lazzaneo no se quedó solo en la letra chica. También analizó la situación penitenciaria, el régimen penal juvenil y las funciones del organismo que encabeza. Ahí aparece el nudo: el sistema acusatorio no se sostiene solo con la reforma legal; también exige condiciones para que la transición no se vuelva un problema adicional.
La pregunta que queda en el aire es de fondo: ¿cómo se va a absorber ese cambio en las cárceles de Entre Ríos? Si el sistema acusatorio federal modifica el ritmo de las causas, el efecto puede llegar a las penitenciarías con una presión distinta sobre el sistema. No es una suposición menor: es el punto que la propia advertencia pone sobre la mesa.
El 30 de noviembre no será el final de la discusión, sino el comienzo. Lo que se viene va a poner a prueba la capacidad de adaptación de la justicia federal y la de las cárceles de Entre Ríos. Si la advertencia no se toma en serio, el riesgo es que el cambio legal se convierta en otro problema para los presos y para las víctimas.
La defensa de víctimas no es un tema de fondo de agenda. Cuando cambia el sistema acusatorio, cambia también el lugar de la víctima en el proceso: la información, el seguimiento y la posibilidad de entender qué pasa con su causa. Si la transición se hace a contrarreloj, el que más puede perder es el que depende de la justicia para que la haga funcionar.
El régimen penal juvenil tampoco puede quedar al margen. Los cambios en la justicia federal pueden terminar modificando la forma en que se procesan causas que involucran a jóvenes, y eso obliga a pensar en medidas, controles y alternativas que no se resuelvan con improvisación. Si no hay reglas claras, el riesgo es que la transición se vuelva un problema nuevo para un sector que ya está en deuda con la sociedad.
La situación penitenciaria de Entre Ríos no se explica con una sola variable, pero sí se entiende cuando aparece un cambio de sistema. Otro ritmo procesal, más decisiones y una transición que no se puede improvisar: todo eso termina presionando a las cárceles. Por eso la advertencia de Lazzaneo no es un detalle técnico: es una señal de que la provincia necesita estar preparada antes del 30 de noviembre.
