Un cambio de fondo en la relación entre el Estado, la producción y el ambiente. Entre Ríos reglamentó la Ley Nº 11.250 de Gestión Ambiental de Actividades Económicas y con eso puso en plena vigencia un marco normativo que venía siendo reclamado por los sectores productivos desde hace años. La medida barre con regulaciones que tenían décadas de polvo encima, entre ellas la Ley Nº 6.260 de 1978, y las reemplaza por un sistema unificado, digital y transparente.
El eje central de la nueva reglamentación es el Certificado Único Ambiental, una herramienta que concentra y reemplaza todos los trámites ambientales anteriores en un solo instrumento. Para quienes producen e invierten en la provincia, eso significa menos ventanillas, menos papeles y, en teoría, más certeza jurídica sobre las reglas del juego.
El ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, fue directo al valorar el alcance de la medida impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio: “Estamos dejando atrás trámites burocráticos y dispersos para ofrecer a quienes producen e invierten en Entre Ríos reglas claras, certidumbre jurídica y agilidad administrativa”. Y aclaró que la modernización no implica resignar el control del Estado.
Desde la Secretaría de Ambiente, su titular Rosa Hojman marcó la línea conceptual que sostiene el decreto: “Cuidar el ambiente y facilitar la producción no son objetivos contrapuestos cuando el Estado hace bien su trabajo”. La reglamentación se apoya en los mandatos de la Constitución Provincial y la Ley General del Ambiente, con foco en garantizar el derecho a un ambiente sano para las generaciones presentes y futuras.
La Secretaría de Ambiente también aprobó un modelo uniforme de Certificado de Uso de Suelo Conforme, pensado para orientar a municipios y comunas con un criterio unificado en toda la provincia, aunque sin tocar la autonomía de los gobiernos locales, que siguen siendo los únicos habilitados para otorgar esa factibilidad. Además, se habilitó una nueva modalidad digital para la participación ciudadana en los procedimientos de evaluación ambiental, en línea con el Acuerdo de Escazú: la ciudadanía podrá acceder a documentación y presentar observaciones de forma remota.
El régimen también prevé la puesta en marcha del Registro Provincial Ambiental (RPA) y del Fondo de Control y Fiscalización Ambiental, con un esquema de cooperación que distribuirá parte del producido de las sanciones entre los gobiernos locales para fortalecer el monitoreo territorial. La apuesta es que la provincia cuente, por primera vez en décadas, con una arquitectura ambiental coherente, actualizada y con herramientas reales para hacerla cumplir.
