Doce años de antigüedad en la planta y hoy sin sueldo, sin gremio y sin interlocutor. Así resume su situación Asín, uno de los 400 trabajadores despedidos de Granja Tres Arroyos desde que la empresa cerró sus puertas el 30 de mayo pasado en Concepción del Uruguay. Cuatro meses sin percibir un peso y la única certeza que tienen es la incertidumbre.
La noticia del llamado a convocatoria de acreedores cayó como un balde de agua fría, aunque a esta altura nadie se sorprendió demasiado. “A la semana la cerraron: nos dejaron afuera”, recordó Asín sobre la medida de fuerza que los trabajadores tomaron a fines de mayo ante la falta de pagos. Desde entonces, la empresa no comunicó absolutamente nada. “Ahora entró en concurso, pero no tenemos ninguna información certera porque la empresa no comunica nada”, señaló.
Lo que duele tanto como el silencio empresarial es el abandono del propio gremio. El STIA (Sindicato de Industrias de la Alimentación), que al principio intervino activamente, hace más de un mes que no convoca asambleas, no manda comunicados y no se contacta con los trabajadores. “Nuestro sindicato tampoco nos comunica nada. Nos guiamos por las noticias de los compañeros, por el boca a boca”, explicó Asín. “Estamos a la deriva”, resumió con una claridad que duele.
De los 900 trabajadores que tenía la planta, 400 fueron notificados de sus despidos: todos afiliados al STIA. El resto, adherentes al Sindicato de la Carne, no fueron desvinculados. Asín recordó que al principio todos marchaban juntos, pero en algún momento ese sector se apartó de las protestas y logró que no los tocaran. Si la planta llega a reabrir, “los puestos de trabajo de ellos están asegurados”.
La desesperación tuvo su punto más visible el 2 de septiembre, cuando dos operarios se encadenaron frente al Juzgado Laboral de Concepción del Uruguay, en el Centro Cívico. Estuvieron desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde, momento en que el intendente José Lauritto bajó a escucharlos. Se comprometió a intentar reunirse con los empresarios para gestionar el pago de indemnizaciones. Pero la deuda no es solo eso: también hay sueldos impagos, cuotas alimentarias y aguinaldo pendientes.
La única asistencia concreta que reciben llega del gobierno provincial y de la intendencia: un subsidio de $200.000 y bolsones de alimentos. “Está buenísima la ayuda, pero no es la solución”, remarcó Asín. Y encima el subsidio se distribuyó de manera desprolija: algunos lo cobraron dos veces, otros todavía esperan el primero. “Hay un atraso importante”, advirtió.
Sin ingresos hace cuatro meses, los ex operarios salen a rebuscársela como pueden. Asín y varios compañeros hacen changas de albañilería y pintura. Quienes tienen vehículo trabajan como Uber. Los que tienen emprendimientos propios se volcaron de lleno. Y los que tienen más edad directamente no consiguen nada: dependen de sus familias. “La situación a nivel país en materia de trabajo es complicada. Está terrible”, dijo Asín, sin dramatismo innecesario, con la voz de quien ya agotó las metáforas y habla de lo que vive. La expectativa sigue siendo que la planta reabra tras el concurso de acreedores, el único horizonte que les queda por ahora.
