Un recorte silencioso pero de fondo. La Quinta de Olivos acaba de perder cerca de 20 trabajadores civiles tras la disolución de su administración, y otro grupo será reubicado en otras dependencias del Estado. El movimiento no es menor: marca un giro en la forma en que el Gobierno nacional concibe la gestión de la residencia presidencial.
Según trascendió, la Casa Militar asumirá el control integral de la seguridad en la Quinta en un plazo máximo de 60 días. El personal civil que hasta ahora se ocupaba de esas tareas queda fuera del esquema, ya sea por desvinculación directa o por traslado a otras áreas.
El dato que no hay que perder de vista es el volumen humano de la decisión: casi dos decenas de familias que dependen de esos puestos. No son cifras abstractas. Son contratos que se cortan, rutinas que se rompen, y en muchos casos, años de trabajo dentro de un predio que, por su naturaleza, no es cualquier lugar de trabajo.
La medida se inscribe en la lógica de achicamiento del gasto en personal que el Gobierno nacional viene aplicando desde distintos frentes. Militarizar la seguridad de Olivos implica también un cambio de dependencia institucional: lo que antes era administración civil pasa a orbitar directamente bajo la estructura castrense.
El plazo de 60 días fijado para la transición sugiere que el proceso ya está en marcha y que no hay marcha atrás. Los trabajadores desplazados y los que serán reubicados deberán adaptarse a una nueva realidad que, en varios casos, podría significar condiciones laborales bien distintas a las actuales.
