Llamados a cualquier hora, mensajes a familiares, presión sobre el empleador. Las cobranzas extrajudiciales se convirtieron en una pesadilla cotidiana para miles de deudores, y ahora hay un proyecto en el Congreso que busca ponerle límites concretos a esa práctica.
El diputado Rossi presentó una iniciativa para regular las gestiones de cobranza extrajudicial y sancionar los abusos, tanto a los agentes de cobro como a los propios acreedores. El punto de partida del legislador es directo: «Como el modelo económico de Milei no genera crecimiento y los salarios e ingresos están destruidos, y encima aumenta el desempleo, las familias argentinas se endeudan cada vez más», y eso, según advierte, abre la puerta a prácticas cada vez más agresivas por parte de las gestoras de cobro.
El proyecto apunta a impedir que se intimide, engañe o ejerza presión sobre la persona deudora o sobre su entorno. También propone limitar la frecuencia de los contactos y prohibir las comunicaciones en horarios inadecuados. Uno de los puntos más fuertes es la prohibición expresa de acudir a familiares, vecinos, compañeros de trabajo, empleadores o hijos como mecanismo de presión para obtener el pago: una práctica que hoy no tiene ninguna regulación específica.
Además, la iniciativa establece que el gestor de cobro deberá identificarse al momento de contactar al deudor, informar quién es el acreedor, precisar el origen y monto de la deuda, desde qué fecha está pendiente y cuáles son los medios de pago disponibles. Transparencia mínima que hoy muchas empresas no respetan.
La problemática tiene peso concreto en Entre Ríos. Según el último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), con datos a julio de 2026, la provincia registra 154.465 personas con deudas en situación de mora. El índice de morosidad provincial se ubica en el 13%, por debajo del 15,7% nacional, aunque la cifra total en todo el país trepa a casi 6 millones de personas.
«La gente quiere pagar, pero no puede, y eso también afecta la salud mental de millones de personas», subrayó Rossi, quien enmarca la propuesta como una herramienta para compatibilizar el derecho de los acreedores a cobrar con la protección de los consumidores. El proyecto deberá ahora recorrer el camino legislativo para convertirse en ley.
