No alcanzó con la indicación médica, ni con el diagnóstico, ni con el dolor crónico que le impedía caminar sola. Una afiliada de 68 años tuvo que llegar a la Justicia Federal de Concordia para conseguir que PAMI le entregara la prótesis de rodilla que sus médicos habían indicado como única alternativa terapéutica. La jueza Analía Graciela Ramponi hizo lugar al amparo y ordenó al INSSJP-PAMI brindar el 100% de cobertura y entregar el insumo en un plazo máximo de 10 días.
La mujer padece gonartrosis, con compromiso severo de la articulación, inestabilidad, dolores intensos, antecedentes de caídas y dependencia de terceros para actividades básicas. Los médicos tratantes habían indicado una prótesis total de rodilla de revisión, con vástagos femorales y tibiales y otros componentes necesarios para la intervención. Pero la demora administrativa fue más fuerte que la urgencia clínica, y el caso terminó en los tribunales.
El fallo de Ramponi es contundente en un punto clave: las exigencias administrativas no pueden justificar el bloqueo de una prestación médica necesaria. “Las exigencias de índole administrativa no constituyen una justificación suficiente frente a requerimientos asistenciales vinculados con la salud y rehabilitación integral de una persona mayor de edad”, escribió la jueza. En otras palabras, los desacuerdos entre PAMI y sus proveedores de insumos no pueden terminar pagándolos los afiliados con su salud.
Pero la resolución no se limitó a resolver el caso puntual. Ramponi también dispuso notificar a la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación para que el organismo fiscalizador evalúe las medidas que correspondan frente a lo que la propia sentencia define como una “problemática estructural”. Un dato que le da al fallo una dimensión que excede a esta afiliada.
El amparo fue presentado por los abogados Horacio Velázquez Pons y Alexis Edgardo Blitman, quienes fundamentaron el pedido en normas de protección de personas mayores, entre ellas la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y las 100 Reglas de Brasilia. Velázquez Pons fue claro al describir el panorama: “PAMI está colapsado, y el amparo es la única herramienta que estamos teniendo los abogados de Concordia para que cumpla con las prestaciones”. Según el letrado, los estudios jurídicos de la ciudad recurren cada vez más a esta vía y la situación es “inédita a nivel país”.
Lo que describe el abogado no es un caso aislado: es un patrón. Que la vía judicial se haya convertido en el camino habitual para acceder a prestaciones básicas de salud habla de un sistema que dejó de funcionar por las vías normales. La notificación a la Superintendencia es una señal de que la Justicia Federal de Concordia no quiere ser solo el parche de una estructura rota, sino que empuja a que alguien con poder de fiscalización tome nota y actúe.
