El Gobierno quiso cerrar el capítulo y la justicia le dijo que no. El juez federal Martín Cormick rechazó el pedido del Poder Ejecutivo Nacional para levantar la cautelar que ordena cumplir la ley de financiamiento universitario, y le dio al Estado tres días para presentar un informe documentado sobre los avances reales en el cumplimiento de la norma.
El conflicto tiene historia. El Consejo Interuniversitario Nacional reclamó que se ejecute un acta firmada el 10 de junio con la Subsecretaría de Políticas Universitarias y organizaciones gremiales docentes y no docentes. Ese texto establecía una suba salarial del 24,33%, un incremento del 20% en gastos operativos de las universidades públicas, un aumento del 50% para las Becas Manuel Belgrano y un refuerzo de 50.000 millones de pesos para los hospitales universitarios en 2026.
El Ministerio de Capital Humano argumentó que ese acuerdo había atendido el aspecto salarial y el de las becas, y que los artículos 5 y 6 de la ley 27.795 estaban, en lo sustancial, satisfechos. El razonamiento oficial era que el acuerdo suprimía el riesgo que había motivado la cautelar original. La justicia no lo vio así.
Cormick fue claro: el Estado no logró demostrar el impacto positivo de los acuerdos sobre los perjuicios graves de imposible reparación, ni que exista una definición efectiva y final sobre el deterioro de ingresos y la pérdida salarial del colectivo afectado. En ese marco, concluyó que mal puede considerarse superado el peligro en la demora y que no puede tenerse por satisfecho ni concluido el efecto de la cautelar.
Las universidades, por su parte, remarcaron que había sido el propio Estado quien aclaró que la firma del acta no implicaba abandonar su postura en el proceso judicial. Con ese argumento en mano, sostuvieron que el acuerdo no alteraba los fundamentos del amparo y lo calificaron como “una gota en medio del océano de los incumplimientos del PEN”. Una frase dura, pero respaldada por el fallo.
Vale recordar que la cautelar fue confirmada por la Sala III de la Cámara del fuero y quedó firme tras la desestimación del recurso extraordinario del Estado por parte de la Corte Suprema. No es la primera vez que el Ejecutivo choca contra una pared judicial en este expediente. El juez aclaró, además, que el rechazo no implica adelantar criterio sobre el fondo del litigio: la discusión de fondo sigue abierta, y la cautelar permanece vigente hasta que haya sentencia definitiva.
