La economía no repuntó como el Gobierno esperaba y el equipo de Javier Milei lo sabe. Por eso, en las últimas semanas, la Casa Rosada desplegó un paquete de cinco medidas que apuntan a darle oxígeno a la actividad sin tocar el gasto público, la línea que el presidente defiende como dogma.
La primera señal vino del frente cambiario. En las últimas diez ruedas, el tipo de cambio mayorista perforó el techo de los $1.500 que el Banco Central y el Tesoro venían sosteniendo a fuerza de tasas altas. El movimiento es menor —agosto cerraría con una suba del dólar del orden del 1,8%— pero el mensaje es claro: el Gobierno dejó de usar las tasas como escudo cambiario. La consultora LCG lo calificó como “adecuado” aunque advirtió que sería deseable un deslizamiento más significativo en los próximos meses para mejorar la competitividad.
El segundo y tercer movimiento apuntan al crédito privado. Por un lado, el Gobierno autorizó a empresas no exportadoras a acceder a préstamos en moneda extranjera: los bancos pueden prestar hasta el 15% de sus depósitos, lo que habilitaría cerca de US$ 6.000 millones en nuevos créditos en dólares. Por otro, desde esta semana los bancos podrán licitar plazos fijos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES para financiar nuevos préstamos hipotecarios. El equipo de research del Banco Galicia lo sintetizó bien: el crédito como “chispazo” capaz de encender la economía sin recurrir a impulsos fiscales ni monetarios que pongan en riesgo lo ganado en materia nominal.
Pero hay una trampa en ese razonamiento. Como advirtieron los economistas del Galicia, la efectividad del crédito dependerá de que empresas y hogares estén dispuestos a endeudarse en un contexto donde la recuperación de ingresos todavía es parcial. El crédito disponible no es lo mismo que el crédito demandado.
La cuarta medida toca directamente el bolsillo de los trabajadores. La Secretaría de Trabajo y la Jefatura de Gabinete acordaron elevar el piso salarial de los convenios colectivos a un mínimo de $1.070.000, mediante bonos o sumas fijas no remunerativas que complementen los aumentos paritarios. El ancla del 2% mensual como referencia para las homologaciones se mantiene, pero el sueldo bruto de los sectores más bajos mejoraría, con impacto directo en millones de trabajadores.
El quinto paso llegó el jueves cuando la Cámara de Diputados dio media sanción al paquete de Inocencia Fiscal II, orientado a canalizar el ahorro informal hacia la economía formal. El economista Martín Polo lo encuadró con precisión: son “medidas pragmáticas” que buscan dar un empujón al empleo ante una actividad que no respondió como se esperaba. No son la solución estructural, pero en el tramo electoral que se viene, el Gobierno necesita que los números se muevan.
