La decisión llegó el viernes y abrió un debate que no cierra fácil: dos de las cuatro imputadas por el crimen de Jessica Bravo, la joven asesinada en septiembre de 2025, cumplirán su prisión preventiva en sus domicilios en lugar de hacerlo en una unidad penitenciaria.
En una extensa audiencia celebrada el 31 de julio, el juez resolvió morigerar la medida cautelar de Milagros Leonela Prette y Roxana Isabel Prette. El argumento central de la defensa fue contundente: ambas son madres de niños menores de cinco años que atraviesan una situación de vulnerabilidad, y la separación prolongada de sus madres agrava ese cuadro.
El abogado defensor incorporó entrevistas e informes durante la audiencia, y fundamentó el pedido en normativa nacional e internacional: las Reglas de Bangkok y la Convención sobre los Derechos del Niño, con eje en el principio del interés superior del menor. También recordó, ante el juez, la Fiscalía y la querella, que las imputadas siguen amparadas por el principio de inocencia mientras no exista condena firme.
Lo que llamó la atención fue la postura del Ministerio Público: ni la Fiscalía ni el Ministerio Pupilar se opusieron al pedido. Con ese escenario despejado, el magistrado concedió la prisión domiciliaria para ambas mujeres hasta la finalización de la etapa intermedia del proceso, momento en que la medida volverá a revisarse.
El caso involucra a cuatro imputados bajo la carátula de homicidio agravado por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas y con la intervención de menores de 18 años. Además de Milagros y Roxana Prette, están imputados Brisa Antonella Prette y Juan Daniel Prette. La resolución del viernes no modifica la situación procesal de estos últimos dos, que permanecen bajo el régimen anterior. El proceso continúa su curso hacia la etapa intermedia, donde la situación de las imputadas con domiciliaria volverá a quedar bajo la lupa judicial.
