viernes, noviembre 20, 2026
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El vicepresidente de OSER, con medidas por acoso sexual

Una trabajadora de OSER llevó a la Justicia una denuncia por acoso sexual y violencia laboral contra Ricardo García, vicepresidente de la obra social provincial. La presentación ingresó el 13 de noviembre y, al día siguiente, el juez suplente Alexis Ezequiel Beade dio inicio a las actuaciones en el marco de la Ley Provincial N° 10.956. Hasta ahora, no consta una versión pública de García.

La medida ordena que García se abstenga de realizar cualquier acto de perturbación, intimidación, acoso o violencia verbal o física contra la denunciante, de manera directa o indirecta, dentro o fuera del ámbito laboral. La restricción alcanza también a contactos telefónicos, redes sociales y cualquier otro medio de comunicación.

Además, la Justicia fijó una prohibición de acercamiento a menos de 200 metros de la trabajadora, cualquiera sea el lugar donde se encuentre: su residencia, el trabajo o los domicilios de familiares y allegados. Las medidas tienen una vigencia de 90 días, bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia a un funcionario público, previsto en el artículo 239 del Código Penal.

La resolución también fijó audiencias para los días 17 y 18 de noviembre, a fin de escuchar a ambas partes. En el caso del denunciado, se estableció que puede comparecer personalmente o con patrocinio letrado. El juzgado ordenó notificar a OSER para que comunique las medidas a García y adopte los recaudos necesarios para garantizar su cumplimiento.

Desde la Seccional Concordia de ATE difundieron un pronunciamiento con su “más profunda solidaridad y acompañamiento” a la trabajadora y su repudio ante los hechos denunciados. El sindicato consideró de extrema gravedad que una situación de esta naturaleza involucre a un funcionario que ocupa uno de los cargos de mayor jerarquía dentro de la obra social provincial. Además, señaló que existe una evidente asimetría de poder entre las partes.

En el mismo comunicado, el gremio expresó preocupación por la falta de un pronunciamiento público del Poder Ejecutivo provincial y del directorio de OSER. Según la organización, el silencio institucional y la ausencia de medidas administrativas inmediatas, aun cuando existen medidas cautelares judiciales, contribuyen a revictimizar a la trabajadora. Frente a ese escenario, reclamó la inmediata separación preventiva de García de su cargo mientras avance el proceso judicial.

También exigió garantías de resguardo laboral, psicológico y físico para la denunciante, con el objetivo de evitar cualquier tipo de represalia. Y pidió que se apliquen efectivamente los protocolos contra la violencia laboral y de género en todas las dependencias del Estado provincial. “No hay lugar para la impunidad ni para el silencio cómplice frente a la violencia de género en el ámbito laboral”, concluyó ATE.

Acá, el caso queda ahora en manos de la Justicia, con audiencias ya fijadas y una obra social que deberá adoptar recaudos para garantizar el cumplimiento de las medidas. La pregunta incómoda no se cae: cuando la denuncia involucra a un funcionario de alta jerarquía, ¿vos creés que alcanza con una cautela?

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