El desalojo que parecía inminente en barrio Pampa Soler volvió a frenarse. La Cámara revocó dos resoluciones del juez Gabriel Belén y le ordenó reestudiar el expediente.
El fallo, fechado el 18 de noviembre, deja sin efecto las dos órdenes con las que el magistrado había habilitado avanzar contra los ocupantes. Una data del 23 de junio de 2025 y la otra del 2 de diciembre de ese año.
El inmueble, sobre avenida Pampa Soler, tiene aproximadamente 18,6 hectáreas y la orden incluía la entrega de los terrenos a los demandantes.
Belén autorizó en ambas el uso de la fuerza pública y el allanamiento de domicilios. En la primera, su argumento fue que el Municipio no había respondido un pedido del juzgado para informar qué gestiones había realizado o comprometido para buscar una salida.
Ahora, la Cámara no se limitó a pedir espera. Le exigió al juez que explique con fundamentos concretos por qué corresponde o no ejecutar el desalojo en las condiciones actuales. No alcanza, según el fallo, con señalar que existe una sentencia firme de 2019: desde entonces pasaron cosas, aparecieron nuevas normas y hay documentos oficiales que deben ser examinados antes de una decisión que puede dejar a cientos de personas sin sus viviendas.
El punto central es la Resolución 157/2023 de la Secretaría de Integración Sociourbana, publicada en octubre de ese año. Esa norma identificó a Pampa Soler en el Registro Nacional de Barrios Populares, con el número 3142.
La documentación también contiene datos catastrales que coinciden con el inmueble: partida inmobiliaria 105364 y plano 41949. Pero la incorporación aparece como parcial, y la Cámara le pide al juez determinar qué superficie está incluida.
También debe analizar el artículo 15 de la Ley Nacional 27.453, modificada por la Ley 27.694. Esa norma establece la suspensión de acciones y medidas judiciales que puedan terminar en el desalojo de inmuebles incluidos en el RENABAP.
A eso se suma la Ley Provincial 11.244, sancionada en enero de 2026 y vinculada con la expropiación del inmueble. La Cámara considera que Belén debe examinar qué efectos tiene esa ley sobre el terreno y en qué estado están las actuaciones administrativas relacionadas con una eventual adquisición o expropiación.
El fallo no dice que todo el terreno esté expropiado ni que todas las familias tengan garantizado el derecho a permanecer. Lo que sostiene es que esas cuestiones pueden cambiar el escenario jurídico y que el juez está obligado a estudiarlas antes de decidir.
Además, deberá considerar la situación habitacional de las personas que viven en el lugar y las intervenciones de los organismos públicos. La Cámara señala que hay que poner en la balanza el derecho de propiedad y el derecho a una vivienda digna, con especial atención a niños, niñas, adolescentes y personas vulnerables acreditadas.
El ex secretario de Gobierno, Luciano Dell’Olio, había intentado dar respuestas a los vecinos de Pampa Soler. La disputa, que arrastra años, vuelve a quedar en manos de la justicia mientras el barrio espera una definición.


