El municipio de Concordia aprobó el jueves 19 de noviembre una nueva ordenanza de Prevención y Seguridad Municipal que modifica el rol de la Guardia Urbana. La norma prohíbe armas letales, pero abre la puerta a dispositivos defensivos y de sujeción.
El artículo 5 establece que los integrantes de la Guardia Urbana no podrán portar armas letales «ni de ningún otro tipo». En cambio, el artículo 10 habilita al personal de la Unidad Operativa a usar elementos con características defensivas, dispositivos de sujeción y otros equipos autorizados para uso civil.
No es un permiso libre: el artículo 10 exige capacitación impartida o avalada por la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y autorización expresa y escrita de esa dependencia. Además, la ordenanza no especifica qué dispositivos podrán usarse; esa definición queda para un protocolo que deberá dictar la propia Subsecretaría.
La norma también fija condiciones: primero, técnicas de mediación verbal y disuasión; después, el agente debe identificarse y advertir el uso del dispositivo, salvo peligro. El empleo queda limitado a agresión o resistencia persistente, cuando sea necesario defender la vida o integridad propia o de terceros, y debe documentarse con herramientas de video del Municipio.
El debate no fue menor. La medida llega después de la polémica por una imagen difundida a fines de octubre de Martín Amiano, director de Prevención y Seguridad Municipal, con un dispositivo Byrna en la cintura. Esa escena había puesto en evidencia una contradicción con la Ordenanza 36.569, que prohibía a los preventores portar armas de cualquier tipo. Antes, el oficialismo había presentado una modificación puntual para eliminar la prohibición general; después, optó por reemplazar toda la normativa.
En el recinto, Eliana Lagraña, autora del proyecto, defendió la iniciativa como una reorganización integral de las herramientas municipales de prevención. Aseguró que no se busca crear una policía paralela ni avanzar sobre las atribuciones de la Policía de Entre Ríos, aunque reconoció que la seguridad pública es responsabilidad indelegable de la Provincia.
Desde La Libertad Avanza, Yaiza Pessolani adelantó que su bloque no acompañaría la propuesta. Cuestionó el inciso k del artículo 8, que permite a la Unidad Operativa realizar «cualquier otro tipo de tareas o función que la Subsecretaría defina», y advirtió que, a su entender, esa fórmula podría generar el riesgo de una «policía política».
El peronismo puso el acento en los trabajadores. Claudia Villalba recordó que la Guardia Urbana fue creada para custodiar edificios y bienes municipales, cuestionó la falta de ingreso por concurso y estimó que el área reúne alrededor de 350 trabajadores entre monotributistas, personal de planta y contratados. También preguntó quién asumiría la defensa legal de un agente involucrado en una denuncia por el uso de esos dispositivos.
Felipe Sastre, del PRO, calificó el proyecto de superador y rechazó las críticas de Villalba. La ordenanza deja una mezcla de garantías y vacíos: habilita dispositivos sin definirlos, obliga a capacitar y documentar, pero también abre un terreno sensible para la convivencia urbana.
El punto no es solo el dispositivo en la cintura, sino el marco que lo rodea: quién capacita, quién autoriza, quién controla y quién responde si algo sale mal. En una ciudad donde la seguridad sigue siendo un tema central, la Guardia Urbana entra en una etapa más compleja y visible.


