Cuando un afiliado de OSER necesita una internación, la angustia ya no es solo por la salud: también lo es por saber si el sistema te va a sostener. El anuncio de FEMER sobre el corte del servicio para los afiliados de la obra social provincial puso en evidencia una tensión que ya venía cocinándose a fuego lento.
La obra social que hoy se llama OSER incluye a agentes del Estado provincial y municipal: policía, salud, justicia, educación y administración pública, entre otros. El cambio desde IOSPER se vendió como una oportunidad de sanear la institución, aunque la crítica siempre fue la gestión compartida con representantes gremiales.
El anuncio de FEMER de cortar la internación generó preocupación entre los agentes estatales y sumó presión sobre el sistema público de salud, que ya estaba exigido por causas conocidas. Ahí aparece el nudo: cuando la obra social se vuelve inestable, el impacto no queda en el papel, se siente en la atención, en la obra social y en el bolsillo del trabajador.
Uno de los objetivos declarados de OSER era fomentar la libre competencia. Sin embargo, el reclamo gremial señala que muchos proveedores locales fueron desplazados por empresas de Buenos Aires, con precios superiores o sobreprecios sospechosos. La pregunta incómoda es simple: ¿no te parece que la competencia terminó favoreciendo a afueras?
El mismo patrón aparece en los comedores escolares. El sistema de compras que históricamente se resolvía con proveedores locales, eligiendo el plan alimentario según la población estudiantil de cada comunidad, fue reemplazado por Teknofood S.A., una empresa de Buenos Aires. La concesión del mercado alimenticio escolar se adjudicó por la suma de $101.726.784.000.
Hoy, el tema está en proceso judicial por la intervención de padres y del gremio AGMER. No es un detalle menor: cuando las familias y el gremio toman la posta, el conflicto deja de ser administrativo y se vuelve político. La disputa no es solo por el menú, sino por quién decide qué come un chico en la escuela.
En el centro del debate está Frigerio, apodado por muchos “el porteñito”. La gobernación de Entre Ríos se alineó con el poder central y fue de las provincias que ofreció apoyo automático a cualquier política pública que se gestara en el gobierno nacional. Ese posicionamiento, según la crítica, favoreció a empresas porteñas en desmedro de las locales sin lograr beneficios sustanciales para la provincia.
Uno de los pocos acuerdos logrados fue el traspaso de las construcciones abandonadas del fenecido Plan PRO.CRE.AR. La Nación entregó los bienes en proceso de construcción, pero no en donación, sino en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas. Frigerio los toma como reconocimiento de deudas que la Nación tenía con la provincia, aunque la imagen que queda es la de un placard que se limpia.
Entre Ríos no es una provincia cualquiera cuando se habla de federalismo. Desde Artigas hasta Ramírez y López Jordán, la tierra se cruzó con la defensa de la autonomía provincial y los derechos de autodeterminación territorial. El dilema no es un anacronismo: históricamente se debatió entre ser servil a los intereses de Buenos Aires o defender la enterrianía.
Artigas defendió con fuerza la autonomía de las provincias, la misma idea que lo llevó a ser segregado de la Asamblea Constituyente del Año XIII. Esa defensa no era un gesto romántico: era el eje de una concepción federal que hoy parece subsumida a los deseos del gobierno nacional. La pregunta que queda en el aire es si la provincia está negociando desde la fuerza o desde la dependencia.
Ramírez, que había comenzado como general de Artigas, terminó enfrentándose por diferencias de gestión y en 1820 declaró la República de Entre Ríos, integrando a Corrientes y parte de Misiones. En ese breve período dictó un reglamento provisional que ordenaba la vida política y económica de la nueva república. La historia, a veces, no es un adorno: es un espejo incómodo para el presente.
El gobernador no dio su versión en esta nota. El conflicto por OSER, los comedores escolares y el alineamiento con el gobierno nacional deja una señal clara: cuando la provincia elige el centralismo, el precio suele pagarlo el trabajador, el proveedor local y el chico que come en la escuela.
