En Asunción, Paraguay, el expresidente Santiago Peña fue imputado este sábado por lesión de confianza y administración en provecho propio tras la caída de Ueno Bank. La euforia en las plazas de los ahorristas se convirtió en bronca un par de horas después porque el exjefe de Estado quedó detenido en su domicilio particular.
El operativo para trasladarlo duró más que la indagatoria. Peña entró a la Fiscalía General del Estado por una puerta lateral, sin esposas y escoltado por su abogado, Ricardo Preda. Cuando los fiscales le pusieron las pruebas sobre la mesa, eligió el silencio.
Horas después, Carlos Carvallo Spalding, el hombre que manejaba el Banco Central mientras Ueno se desangraba, repitió el libreto. Esa misma tarde, los fiscales dieron forma al expediente y convirtieron en proceso penal la causa 92/2026, abierta apenas dos días antes por el fiscal general Emiliano Rolón.
La lista de cargos dice mucho. Al ex presidente le atribuyen lesión de confianza y haber administrado en beneficio propio; a Carvallo le suman un delito que pesa más en boca de un regulador: haber producido documentos públicos con contenido falso, una acusación que apunta a los papeles con los que el Central daba por sano a un banco que ya no lo estaba. Para los dos, la Fiscalía reclama prisión preventiva.
El espejo no es alentador: los cinco ex directivos de Ueno ya duermen en el ex Tacumbú, y las dos ex directoras esperan en sus casas, con tobillera electrónica. Ahora le toca mover a un juez de Garantías, que deberá convocar a una audiencia y elegir entre lo que piden los fiscales y lo que pretende la defensa. Preda ya mostró sus cartas: va a insistir en que la cárcel antes de una condena es la excepción y en que los delitos patrimoniales suelen resolverse con medidas alternativas.
Si el magistrado se inclina por la preventiva, quedará otra discusión abierta: dónde la cumple. Para un detenido sin sentencia, el destino de manual es el Centro Nacional de Prevenidos, el penal que el propio gobierno de Peña reconvirtió para ese fin. Pero la seguridad de un exmandatario, y el escrache que lo sacó en la noche del viernes de su casa, mantienen viva la alternativa de un recinto especial como el Regimiento Escolta.
Luego de su primera noche privado de la libertad, Peña había sido trasladado a las 11.30 a la Fiscalía de delitos económicos, un edificio en pleno centro de Asunción que está lejos de poder albergar un operativo semejante. A media mañana, la guardia periodística que lo esperaba levantó su campamento cuando llegó la noticia que sería en la Fiscalía General, un complejo de edificios con varias entradas por diferentes calles. Finalmente, un convoy de varias camionetas de policía rodeaba al vehículo color negro donde estaba el exmandatario.
Ingresó este sábado a media mañana al patio central de la Fiscalía por una puerta lateral, lejos de las miradas de los curiosos. Ya en las dependencias oficiales, Peña bajó sin esposas, de jean, zapatillas y camisa blanca, y entró por un portón interior. En esa instancia, la Fiscalía decidió la imputación del exmandatario.
Le leyeron los cargos por los que se lo investiga: lesión de confianza, administración en provecho propio y tráfico de influencias. Su abogado, Ricardo Preda, presente en el juicio político, había dicho en la previa que Peña iba a colaborar con la Justicia y cuestionó que se le pudiera dictar prisión preventiva. Peña llegó a declarar en la mañana lluviosa de Asunción y caminó sin esposas dentro del edificio de la Fiscalía.
Las imágenes de un Peña distendido y sin esposas contrastaron con la bronca de los ahorristas, que había convertido las plazas en un escenario de protesta. Hasta que el juez hable, Peña sigue bajo custodia, en un proceso que convierte la caída de Ueno Bank en una cuenta judicial para el ex gobierno.
