El camino rural dejó de ser un problema solo de la provincia. Rogelio Frigerio firmó convenios para el mantenimiento de 710,48 kilómetros de caminos rurales en ocho departamentos.
El acto reunió al gobernador con Exequiel Donda, titular de la DPV, autoridades de municipios y comunas, y representantes de los consorcios. La firma formalizó acuerdos con dos consorcios camineros, dos municipios y siete comunas.
La distribución de los 710,48 kilómetros abarca a Gualeguaychú, San Salvador, Feliciano, Gualeguay, Concordia, Diamante, Victoria e Islas del Ibicuy. El esquema prevé aportes económicos mensuales de la provincia para que cada jurisdicción actúe con inmediatez operativa.
Entre los acuerdos se destacan Oryza Sativa, en San Salvador con 121,60 km, y Cuchilla Redonda, en Gualeguaychú con 49,18 km. También se sumaron General Galarza y La Criolla, junto a siete comunas que asumen la conservación de sus caminos.
En el detalle de las comunas aparece un mapa largo: La Providencia, Aldea Protestante, General Alvear, Rincón de Nogoyá, La Verbena, Colonia General Roca y Médanos. Las distancias van de 186,10 km a 28 km, según el territorio que cada una asume.
¿Quién responde cuando el camino se corta? La respuesta que busca el gobierno provincial es que la primera mano esté más cerca del problema. Por eso, los consorcios y los gobiernos locales quedan directamente comprometidos con la conservación de cada tramo.
Exequiel Donda puso el dato duro: “Hay 30.000 kilómetros de caminos en nuestra provincia”. Para el titular de la DPV, la clave está en “trabajar entre todos” y en que “el dinero va a ir más directamente al camino”.
Donda sostuvo que, en el caso de los consorcios, la ayuda de los vecinos y, en el de los gobiernos locales, la capacidad de respuesta permiten estar “con la mayor premura posible encima del camino cuando surjan los inconvenientes”. La inversión, según subrayó, se vuelve directa porque el gobierno local o el consorcio tiene sus propios caminos.
Fabián Menescardi, intendente de General Galarza, valoró la posibilidad de “dar respuesta y buscar soluciones en conjunto con la Zonal 10 de Vialidad en Gualeguay”. Para el municipio, la medida no es solo productiva: también busca garantizar accesibilidad social, educativa y de salud.
El intendente celebró “estas oportunidades que brinda el gobierno provincial para poder trabajar juntos”. En un municipio como General Galarza, con 91,50 km incluidos en el acuerdo, el mensaje es claro: el camino rural también es política pública.
Rubén Chas, representante del consorcio Oryza Sativa, resumió la lógica: “Somos quienes ocupamos el camino que vamos a reparar”. En San Salvador, el grupo de vecinos y agricultores entiende que la inversión llega donde el uso cotidiano del camino se vuelve problema.
En San Salvador, Chas agregó que la herramienta “va a ayudar a mejorar la situación y dará una gran alegría a todos los vecinos que utilizan ese camino”. También mencionó que en ese tramo hay un tambo y que Vialidad está realizando un mantenimiento muy bueno para que después puedan continuarlo.
El acuerdo desplaza la conservación hacia gobiernos locales y consorcios camineros, con fondos provinciales mensuales y una premisa clara: que la respuesta no espere la burocracia. En una provincia con 30.000 kilómetros de caminos, la distancia entre el pedido y la intervención sigue siendo la medida de la gestión.
