El arroyo Viraguay volvió a quedar en el centro de un conflicto que ya lleva años y que ahora escaló a la Ley Provincial de Aguas N° 9172. El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, anunció que se intimará a los propietarios a cumplir las disposiciones del organismo que regula el agua. Y te contás que no es un trámite menor: es agua, campo y vecinos.
La obra en cuestión es un terraplén que rodea un predio de más de 40.000 hectáreas de Estancias del Ibicuy, cuyo referente es Pedro Pou. Está ubicada frente a Puerto Ruiz, en una zona próxima a la confluencia de los ríos Gualeguay y Paraná Ibicuy, en el departamento Gualeguay.
Según la constatación realizada mediante un sobrevuelo, la estructura protege al establecimiento de las inundaciones, pero altera el escurrimiento natural del agua. Esa modificación, de acuerdo con la información oficial, traslada las consecuencias hacia los campos vecinos. El perjuicio alcanzaría a más de 100.000 hectáreas del departamento Gualeguay.
El conflicto no es nuevo. El Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua, conocido como Corufa, ya había observado la obra y dispuesto medidas para que el arroyo recupere su circulación natural. Entre esas medidas se encontraba la realización de cortes en el terraplén.
El problema es que, según la información oficial, los propietarios incumplieron sistemáticamente esas disposiciones. Hasta ahora, la otra parte no dio su versión en la información disponible. La intimación anunciada busca que se cumplan las normas y se realicen las intervenciones necesarias para restablecer el normal escurrimiento del arroyo.
La Ley de Aguas le da al Corufa facultades para regular, planificar y proteger los recursos hídricos, además de ejercer el poder de policía sobre las obras que puedan alterar su funcionamiento. En este caso, la disputa no es solo técnica: tiene olor a campo, a agua, a riesgo y a años de reclamos que se arrastran. Si la cuenca del río Gualeguay vuelve a crecer, la pregunta incómoda es simple: ¿quién paga la cuenta cuando el agua no puede correr?
La preocupación crece ante la posibilidad de nuevas inundaciones en la cuenca del río Gualeguay. La interrupción de los cursos naturales de agua puede agravar las consecuencias de las crecientes sobre los establecimientos rurales vecinos. La intimación es, en el fondo, una advertencia: el agua no se detiene con alambrado, y tampoco se negocia con la fuerza de la crecida.
El detalle que pesa en el expediente es que la obra no se presenta como un simple límite de campo: interrumpe el curso del arroyo Viraguay y modifica la forma en que el agua se mueve por la cuenca. En zonas rurales, ese tipo de intervención puede parecer menor desde la vereda, pero cuando llega la crecida, el efecto se multiplica. Ahí aparece el viejo dilema del agua: lo que se resuelve para un predio, a veces se vuelve problema para el vecino.
La figura de Julio Rodríguez Signes aparece como un punto de inflexión. El fiscal de Estado no se limitó a señalar el problema: anunció una intimación formal para que los propietarios cumplan la ley. En un conflicto que ya venía con observaciones, ese paso cambia el tono: deja de ser solo una disputa entre campos y entra en el terreno de la responsabilidad administrativa.
El dato de escala también importa: hablamos de más de 40.000 hectáreas protegidas por la estructura y de un impacto que alcanzaría a más de 100.000 hectáreas en el departamento Gualeguay. No es una obra menor ni un límite cualquiera. Es una cuenca, un paisaje de campos y un riesgo que se agrava con cada crecida. Por eso la intimación no puede leerse como un trámite más: es una orden para que el agua vuelva a correr por su cauce natural.
El prejuicio que se arrastra no es solo técnico: tiene que ver con la confianza de los vecinos rurales en que el Estado va a hacer cumplir la ley. Cuando un organismo como el Corufa ya dispuso medidas y no se cumplieron, la intimación del fiscal de Estado es el paso siguiente en la escalera. Y si no alcanza, la pregunta que queda en el aire es si la cuenca va a esperar a la próxima crecida para que se resuelva lo que se pudo resolver antes.
