En Santa Elena, el intendente Daniel Rossi salió al cruce de la Justicia entrerriana después de conocerse su imputación. El descargo, publicado en redes sociales, mezcla bronca, autodefensa y una acusación directa contra el Poder Judicial.
“La Justicia entrerriana protege a los ladrones, protege a los que se robaron un presupuesto, los contratos truchos, los créditos truchos, las compensaciones de ATER, los suicidios a los muertos, a Lauritto, a Cáceres, a Bahl, a Estratta. Protege y me persigue a mí”, afirmó Rossi.
El intendente recordó el cierre de su gestión en 2015 y apuntó contra el período siguiente. Según su versión, dejó la Contaduría municipal a cargo de un empleado de carrera y luego llegó Silvio Moreira, a quien calificó de “corrupto y ladrón del IOSPER”.
Rossi sostuvo que, durante cuatro años, a ese funcionario no lo llamaron a declarar ni lo imputaron con empresas en toda la provincia. “Cuatro años estuvo en cargo de Contaduría, nunca lo llamaron, siguió y ahora me imputan a mí”, sostuvo Rossi.
El tono del descargo no deja dudas: Rossi no se limita a defenderse. Con nombres y apellidos, señala una supuesta selectividad judicial y convierte su imputación en un ataque contra el sistema. En el fondo, su argumento es simple: si otros no fueron llamados, la causa lo busca a él.
Uno de los puntos centrales de la causa es la designación de Marcelo Félix Fernando Medina como contador municipal, dispuesta mediante el Decreto N.º 305 del 30 de septiembre de 2015. La investigación judicial le atribuye a Rossi el presunto nombramiento ilegal de un cargo público y el incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Los fiscales Juan Francisco Ramírez Montrull, Gonzalo Badano y Facundo Barbosa también le atribuyen presuntos delitos vinculados con la supresión u ocultamiento de documentación pública y un posible fraude a la administración pública. Según la hipótesis fiscal, el 6 de diciembre de 2022 Rossi recibió personalmente expedientes del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos que contenían actuaciones sobre posibles perjuicios económicos para el municipio.
Entre los antecedentes figuran convenios tributarios con el local bailable Mora Disco Bar, la compra de una retroexcavadora y una contratación para la provisión de hormigón. Las investigaciones administrativas habían señalado posibles daños al patrimonio municipal en esas operaciones.
La causa tramita bajo el legajo N.º 285.545, caratulado “Municipalidad de Santa Elena s/Actuaciones de oficio”. Los fiscales fijaron las fechas para que los imputados comparezcan a declarar: Rossi deberá presentarse el 30 de noviembre a las 11.
En el descargo difundido, no aparece la versión de la Justicia ni de los dirigentes nombrados por Rossi. La otra parte no respondió en el texto, y el cruce queda planteado en clave de denuncia.
El caso vuelve a poner en el centro el debate sobre la administración municipal y el rol de la Justicia en Santa Elena. La declaración de Rossi, prevista para el 30 de noviembre, será el próximo paso formal de una causa que ya generó un cruce político fuerte. Ahí vas a ver si la bronca del intendente se transforma en un nuevo capítulo de disputa o en una defensa concreta ante los fiscales.
