La paritaria docente en Entre Ríos volvió a moverse, pero no lo suficiente como para cerrar la discusión. El Gobierno provincial presentó una nueva propuesta salarial con un esquema escalonado que totaliza un 7% de aumento hasta fin de año: 3,5% con los haberes de septiembre, 1,5% en noviembre y 2% en diciembre. Todo de carácter remunerativo, lo que significa que el incremento impacta directamente en el próximo aguinaldo.
La oferta es más del doble de lo que el Ejecutivo había puesto sobre la mesa la semana anterior, cuando los gremios rechazaron de plano un 3,5% y exigieron una mejora urgente. Desde el Estado se remarcó que el acuerdo aporta previsibilidad hasta diciembre y representa el máximo esfuerzo financiero posible. Pero los números que manejan los sindicatos cuentan otra historia.
Hace apenas una semana, la secretaria gremial de AGMER Central, Lía Fimpel, había advertido que el sector llegaba a la mesa con una inflación acumulada del 24,7% entre diciembre de 2025 y agosto de 2026, frente a un incremento salarial del 6,6% otorgado por decreto en ese mismo período. La cuenta es clara y brutal: una pérdida del 18% del poder adquisitivo en menos de un año. Ese es el agujero que los docentes quieren tapar.
Frente a ese diagnóstico, un 7% escalonado en tres cuotas —y la última recién en diciembre— suena a poco. Y los propios gremios lo dijeron sin vueltas. AGMER, AMET, UDA y Sadop, los cuatro sindicatos que participaron de la reunión junto a los miembros paritarios del Consejo General de Educación (CGE), coincidieron en calificar la propuesta como “insuficiente”. Ninguno la rechazó formalmente en la mesa, pero ninguno la aceptó tampoco.
La decisión, como corresponde en cualquier proceso gremial serio, se traslada a las bases. Cada organización llevará la propuesta a sus afiliados y el lunes próximo habrá una respuesta formal. Ese día se sabrá si hay acuerdo, si la discusión se extiende o si el conflicto escala hacia medidas de fuerza que afecten el ciclo lectivo.
El escenario está lejos de resolverse. Con una brecha tan marcada entre lo que el Estado ofrece y lo que los trabajadores de la educación perdieron en términos reales, el lunes que viene puede ser el principio de un cierre o el inicio de una nueva ronda de tensión.
