Ya es ley y ya está en el Boletín Oficial de Entre Ríos: las pensiones de privilegio tienen los días contados en la provincia. La promulgación de la norma que deroga el régimen de la Ley 4.506 cierra un debate que se arrastraba hace años y que cada tanto volvía a encender la bronca de los entrerrianos.
El texto aprobado no solo elimina el sistema hacia adelante: también establece incompatibilidades para los beneficios ya concedidos, lo que significa que quienes hoy cobran estas pensiones deberán someterse a las nuevas reglas. No es un corte limpio para el futuro solamente; hay consecuencias para el presente.
El plazo que fija la ley para su reglamentación es de 90 días. Ese es el tiempo que tiene el Ejecutivo provincial para definir cómo se aplica cada punto. Un detalle que no es menor: en Entre Ríos, más de una ley murió en la nebulosa de la reglamentación que nunca llegó. La ciudadanía tiene razón en estar atenta a ese calendario.
Las pensiones de privilegio fueron durante décadas un beneficio reservado a ex funcionarios, legisladores y magistrados que, al dejar sus cargos, accedían a haberes muy superiores a los del sistema previsional común, financiados con fondos públicos. Un esquema que en tiempos de ajuste y de demanda de equidad resultaba cada vez más difícil de defender.
La promulgación de esta ley marca un punto de inflexión en la política previsional entrerriana. Ahora, el foco pasa a la reglamentación y a la efectiva aplicación de las incompatibilidades: ahí se va a ver si la reforma es real o si queda en una declaración de principios con buena prensa.
