Un disparo en plena campaña. Susy Aponte, periodista y candidata a gobernadora en Perú, conocida popularmente como la “China Polo”, fue asesinada de un tiro en la cabeza mientras recorría un mercado durante un acto proselitista. El hecho sacudió al país andino y encendió todas las alarmas sobre la violencia política que acecha a quienes se animan a competir en zonas de alta conflictividad.
Lo que hace aún más estremecedor el caso es que Aponte había denunciado amenazas de muerte días antes del ataque. La advertencia existía. La señal de peligro estaba. Y sin embargo, nada alcanzó para evitar el desenlace más brutal.
¿Cuántas veces tiene que denunciar una candidata que la quieren matar antes de que alguien tome medidas en serio? La pregunta no tiene una respuesta cómoda, y en este caso ya no tiene respuesta posible para ella.
Tras el crimen, las autoridades peruanas actuaron con rapidez relativa: la investigación ya cuenta con tres detenidos, aunque la búsqueda de los autores intelectuales del asesinato continúa abierta. Identificar a quien apretó el gatillo es apenas el primer escalón; el verdadero objetivo de la justicia es llegar a quienes ordenaron el ataque.
El caso de “China Polo” se suma a una lista dolorosa de candidatos, periodistas y dirigentes políticos que en distintas regiones de América Latina pagan con la vida el precio de animarse a la arena pública en territorios donde el crimen organizado opera como poder paralelo. La violencia no eligió a una víctima al azar: eligió a una mujer que hablaba, que denunciaba, que se presentaba ante la gente con un micrófono y una propuesta. La investigación deberá demostrar si el Estado peruano tiene la voluntad y la capacidad de llegar hasta el fondo del crimen.
