El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) dejó firme la Licitación Pública Nº 47/2026 para el servicio de recolección de residuos de Concordia, y la Municipalidad no tardó ni un minuto en presentarlo como un aval judicial total. El problema es que ese fallo no toca lo que más duele: la contratación directa que metió a VITSA Soluciones Ambientales S.A. en el negocio meses antes, con un contrato de $250 millones mensuales y una secuencia de hechos que todavía genera preguntas sin respuesta.
La historia arranca el 19 de marzo, cuando el Concejo Deliberante aprobó sobre tablas la llamada Emergencia Ambiental, que habilitó al Ejecutivo municipal a contratar en forma directa a una empresa privada para incorporar parte del servicio de recolección. Ese mismo día se firmó el contrato con VITSA. Pero hay un detalle que no cierra: los camiones de la empresa ya estaban en Concordia antes de que el Concejo aprobara la ordenanza que habilitaba esa contratación. El proyecto fue incorporado sorpresivamente al orden del día, tratado sobre tablas y aprobado sin análisis previo en comisión. Así de rápido.
La cuestión no quedó en la discusión política. El 12 de junio, el abogado y exconcejal Mariano Giampaolo presentó una denuncia penal para que la Justicia investigara el procedimiento y la posible existencia de delitos contra la administración pública. La denuncia apuntó a la posible predeterminación de la contratación, la secuencia de los actos administrativos, la existencia y oportunidad de los informes técnicos usados para justificarla y el eventual perjuicio patrimonial para el Municipio.
Por otro lado, las concejalas Carolina Amiano y Claudia Villalba llevaron el caso al Tribunal de Cuentas de Entre Ríos. El organismo no archivó el planteo: el 28 de agosto abrió una actuación formal y le requirió al Ejecutivo municipal el expediente completo de la contratación, los decretos Nº 245/26 y 246/26, el contrato y sus anexos, garantías, habilitaciones, informes técnicos y jurídicos, y toda la documentación vinculada con la ejecución del servicio. También reclamó los antecedentes que justificaron que $250 millones mensuales era un precio razonable: comparativos, presupuestos de referencia, compulsas de precios, invitaciones cursadas y ofertas recibidas.
El Tribunal no busca solamente entender cómo se contrató. Quiere saber cuánto se certificó, cuánto se facturó y cuánto terminó pagando el Municipio. Esa actuación sigue abierta.
En cuanto a la licitación posterior, la Licitación Pública Nº 47/2026 tampoco estuvo exenta de cuestionamientos. El presupuesto oficial fue fijado en $16.320 millones para los cuatro años iniciales, con posibilidad de prórroga. Seis empresas presentaron ofertas y tres quedaron prácticamente empatadas en el plano económico. El fallo del STJER rechazó un planteo vinculado con las obligaciones ambientales y el plazo de contratación de esa licitación, pero no se expidió sobre la contratación directa previa ni sobre las irregularidades denunciadas en ese procedimiento. El municipio celebró el fallo; la Justicia y el Tribunal de Cuentas, por su parte, siguen trabajando.
