Un año de debates, siete proyectos de distintos bloques y una votación que terminó 41 a 25: así obtuvo media sanción en el Senado el nuevo marco regulatorio para los biocombustibles en Argentina. El resultado no fue unánime, pero la mayoría fue sólida y el consenso, inusual en tiempos de grieta permanente.
La arquitectura política detrás del acuerdo tuvo nombre propio: la senadora salteña Flavia Royón, ex ministra de Energía entre 2022 y 2023, designada titular de la comisión de Minería, Energía y Combustible y miembro informante del dictamen. Su manejo técnico y paciencia parlamentaria fueron claves para limar diferencias entre bloques con intereses regionales distintos. También aportaron legisladores como Flavio Fama, Pablo Cervi, Alejandra Vigo, Carolina Moisés, Beatriz Ávila, Ezequiel Atauche y Carolina Losada.
El proyecto que impulsó la senadora Patricia Bullrich como iniciativa oficialista terminó siendo la base de integración de siete propuestas. El resultado: un esquema que sube gradualmente los cortes obligatorios. El biodiésel pasa del 7,5% al 10% en los primeros doce meses de vigencia, mientras que el bioetanol sube del 12% al 15% en el mismo plazo. Para el biodiésel se fija una transición hasta 2036 para evitar una apertura abrupta del mercado.
En el bioetanol, la fórmula preserva un 6% de caña de azúcar y un 6% de maíz, dejando el 3% restante abierto a nuevas materias primas. “Buscamos dar previsibilidad a las cadenas existentes —que en el norte significan trabajo real— con competencia dentro de cada cupo”, explicó Royón al fundamentar el dictamen. La idea central es pasar de un esquema donde el Estado fija quién produce, cuánto y a qué precio, a uno con más mercado y competitividad, pero sin destruir lo que ya existe.
El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) celebró la media sanción y estimó que la plena implementación del nuevo marco podría impulsar inversiones privadas superiores a los 1.000 millones de dólares, destinadas a ampliar capacidad instalada, desarrollar tecnología, mejorar infraestructura logística y generar energías limpias. También proyectan creación de empleo directo e indirecto y un ahorro de divisas al sustituir importaciones de combustibles fósiles.
Gustavo Idígoras, presidente del CAA y titular de CIARA, la cámara de agroexportadores, destacó que el proyecto apuesta a “más federalismo, menor huella de carbono y un precio competitivo para el consumidor”. El desafío ahora está en la Cámara de Diputados, que deberá sancionar definitivamente la ley para que el nuevo esquema entre en vigencia a partir de 2027.
