La notificación llegó de forma digital, pero Jacinta nunca la vio. Y cuando se enteró de que debía 7.000 euros a la Seguridad Social, ya era tarde: le habían embargado la nómina, el auto y la vivienda. Un calvario que comenzó con una prestación diseñada para evitar la exclusión social y terminó convirtiéndose en una deuda que la ahoga mes a mes.
Todo arrancó en 2020, cuando esta mujer de 45 años, con una hija menor a cargo y un trabajo a media jornada, empezó a cobrar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) de oficio. La propia Seguridad Social española le explicó en ese momento que la prestación le correspondía para complementar sus ingresos. Nadie le dijo que años después le reclamarían todo lo percibido durante 2020 y 2021.
El golpe llegó en mayo pasado, con una carta que informaba del embargo. Al presentar el recurso, la familia descubrió que la notificación original había sido enviada en formato digital en septiembre de 2025, pero Jacinta jamás la recibió ni fue alertada por ningún otro medio. “No entendemos cómo no le llegó nunca una carta a casa comunicándole esa deuda, al igual que ha recibido otras muchas donde le decían que seguía siendo receptora de la ayuda”, señaló indignado uno de sus hijos mayores. “Es absurdo”, remató.
El impacto no fue solo económico. Según relata la familia, todo el proceso generó una fuerte crisis en la salud mental de Jacinta, que finalmente aceptó la deuda por miedo a perderlo todo. Hoy, cada mes le descuentan una suma del propio IMV que sigue cobrando. La situación se agrava porque su marido fue diagnosticado con cáncer y tiene reconocida una discapacidad cercana al 50%.
El caso de Jacinta no es aislado. El Gobierno español reconoció este verano ante el Comité Europeo de Derechos Sociales que estudia promover una norma para la condonación de deudas del IMV correspondientes a los años 2024 y 2025. Sin embargo, la organización social ATD Cuarto Mundo, que lleva dos años documentando estos casos, advierte que esa propuesta deja afuera a más de 319.000 personas que ya enfrentan reclamaciones de devolución por períodos anteriores.
Los números del programa son contundentes: hasta agosto pasado, el IMV alcanzó a 893.820 hogares, donde viven 2,7 millones de personas. La cuantía media es de 502 euros mensuales por hogar, y el padrón creció un 16% respecto al año anterior. Más de la mitad de los beneficiarios, el 53,4%, son mujeres. Una prestación que nació como respuesta social a la pandemia para combatir la pobreza sigue expandiéndose, pero para miles de familias la promesa de contención se convirtió en una trampa burocrática sin salida clara.
