Dos mil millones de pesos para cerrar una causa con más de 700 damnificados y un desfalco estimado en 40 millones de dólares. Esa es la propuesta que un grupo inversor puso sobre la mesa para intentar evitar el juicio oral contra el clan L’Abbate, acusado de montar un esquema de estafas inmobiliarias que dejó a cientos de familias sin su casa propia y sin su dinero.
La oferta fue presentada a través del defensor oficial de Vito y Emmanuel L’Abbate y tiene una condición que ya encendió la bronca de los afectados: quienes acepten recibirían un anticipo, pero el grueso del dinero llegaría recién después de que se rescinden los derechos y se retiran todos los reclamos civiles, comerciales y penales. La matemática es brutal: repartido entre 707 personas, el monto representa aproximadamente US$ 1.800 por damnificado. “Una vergüenza lo que están ofreciendo“, resumió Luz, una de las afectadas, sin rodeos.
El dato duele más cuando se pone en contexto. Según explicó la misma damnificada, cada persona que fue a la Justicia a reclamar lleva gastado un mínimo de 2.500 dólares solo en honorarios y costos del proceso. Es decir: aceptar la propuesta implicaría cerrar el caso perdiendo plata, encima de haber perdido la inversión original.
La propuesta será uno de los ejes de la audiencia prevista para el 25 de septiembre, donde estarán las cabezas de querella. Ese día también se abordará la apertura a prueba, la siguiente instancia del proceso judicial. La causa fue elevada a juicio en febrero de este año, cuando los damnificados ya superaban los 500. Desde entonces, el número no paró de crecer.
El caso tiene como núcleo a la familia encabezada por Vito Antonio L’Abbate, señalada como el centro de una asociación ilícita que habría comercializado desarrollos inmobiliarios que nunca se concretaron o que presentaban irregularidades graves: esqueletos de obra, terrenos baldíos, unidades con más de un propietario. Junto a él están imputados sus hijos y sociedades vinculadas como Iwin e Iglass.
Por el caso fueron detenidos Vito, Emanuel, Juan Ignacio y Santiago L’Abbate, y el ex colaborador Patricio Flores. Ahora la causa sumó tres nuevos imputados: los escribanos Luis María Canosa Montero y Soledad Lupardo, quienes ya declararon, y Carolina Valeria Carnevale, ex esposa de Vito L’Abbate, quien todavía no lo hizo pese a haber presentado distintos abogados en el expediente. La fiscalía le atribuye haber actuado como principal prestanombre de la organización durante el período 2021-2024, figurando como presidenta de ocho empresas vinculadas al grupo, entre ellas Cotifun S.A., Vision Home S.A. y Premium Home S.A., estructuras que según la acusación habrían servido para generar confusión patrimonial, eludir embargos y justificar el ingreso de fondos de origen presuntamente ilícito. La audiencia del 25 de septiembre será el próximo momento clave para saber si algún damnificado acepta la oferta o si el caso va directo al juicio oral.
