Las primeras semanas de gestión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia no arrancaron con discursos de luna de miel. El domingo 13 de septiembre, en una alocución presidencial de tono duro y sin medias tintas, el mandatario salió a exponer lo que describió como una herencia fiscal desastrosa dejada por su antecesor, Gustavo Petro.
“La crisis fiscal que enfrentamos no es un accidente ni el resultado de factores externos. Es exclusivamente responsabilidad de Gustavo Petro, de su gobierno, de su despilfarro y de su corrupción”, afirmó De la Espriella ante los medios. Las palabras no dejaron margen para la ambigüedad: según el presidente, la izquierda radical “les escondió durante cuatro largos años” la verdadera situación de las cuentas públicas.
El jefe de Estado fue más lejos al cuestionar decisiones administrativas tomadas en los últimos tramos del gobierno anterior, que habrían comprometido recursos públicos justo antes del cambio de mando. “Petro y su gobierno tomaron decisiones que son ilegales y que dejaron a Colombia al borde del abismo”, sostuvo, y agregó que ninguna crisis ni recesión del pasado resulta comparable con el daño económico que, según su diagnóstico, ocasionó la gestión saliente.
“Colombia no puede ni debe pagar por acciones de irresponsabilidad fiscal con las que saquearon el país, con las que saquearon el erario”, remató el mandatario, en lo que fue uno de los pasajes más contundentes de su discurso. De la Espriella también señaló que él mismo había advertido sobre esta situación apenas asumió el gobierno, lo que refuerza la lectura oficial de que el problema fue deliberadamente ocultado por la administración anterior.
La alocución marca el tono que el nuevo gobierno colombiano parece dispuesto a sostener frente a la herencia recibida: confrontación directa con la gestión de Petro y un relato centrado en la responsabilidad política del expresidente por el estado de las finanzas públicas. El debate sobre las cifras reales del déficit y las medidas concretas para enfrentarlo será, previsiblemente, el eje central de los próximos meses en la agenda económica de Colombia.
