El Gobierno nacional mandará esta semana al Congreso un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que apunta a ponerle dientes reales a la política sobre Malvinas: sanciones más duras para las empresas que busquen petróleo o pesquen en aguas de las islas, y controles más estrictos sobre los barcos que naveguen dentro de las 200 millas argentinas sin autorización.
La iniciativa venía siendo ultimada este fin de semana por el canciller Pablo Quirno y el asesor presidencial Santiago Caputo, entre otros funcionarios del oficialismo. La intención es que el proyecto ingrese formalmente durante la semana del 14 de septiembre y que el debate parlamentario arranque en la Cámara de Diputados entre fines de septiembre y principios de octubre.
Uno de los ejes centrales del proyecto es el llamado “mecanismo de salida”: las empresas que decidan abandonar voluntariamente los negocios petroleros y pesqueros autorizados por los isleños —que el Gobierno considera funcionales a intereses estratégicos de Gran Bretaña— recibirían la garantía de que se les levanten las sanciones. Un incentivo para que se vayan, antes que un castigo para las que se queden.
El objetivo político es actualizar y fortalecer la Ley 26.659, sancionada en 2011, que ya establecía restricciones para empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización del Estado, pero que nunca tuvo un mecanismo de aplicación realmente efectivo. El anuncio de Javier Milei la semana pasada, por cadena nacional, ya generó efectos concretos: tres multinacionales que operan en Vaca Muerta anunciaron que no participarán de la extracción de hidrocarburos en la zona de Sea Lion, y las acciones vinculadas al proyecto cayeron.
En medios diplomáticos se estimaba que la iniciativa podría generar un conflicto con el gobierno de España, ya que varias empresas españolas tienen licencias de pesca emitidas por las autoridades de las islas sin autorización argentina. Se trata de un negocio que mueve alrededor de 2.000 millones de dólares al año.
El proyecto también contempla avanzar sobre el juicio en ausencia para imputaciones vinculadas con violaciones a la soberanía nacional. El procurador general del Tesoro, Sebastián Amerio, era uno de los funcionarios que estudiaba la aplicación de esa herramienta, pensada originalmente para delitos de extrema gravedad como atentados terroristas internacionales o crímenes de lesa humanidad. Esta misma semana, la Cámara Federal de Casación Penal comenzó a analizar su constitucionalidad a partir de un planteo de las defensas en la causa AMIA, el atentado que dejó 85 muertos en 1994.
El control del Atlántico Sur es otro capítulo clave. Un equipo de la Cancillería estudiaba si determinados barcos que naveguen dentro de las 200 millas argentinas podrían ser considerados “hostiles” cuando hayan colaborado previamente con operadores de petróleo o pesca en aguas de Malvinas, sin violar las normas de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar. Al Gobierno le preocupa especialmente una empresa de navegación chilena que busca brindar apoyo logístico a los operadores de Sea Lion. La estrategia incluye además un componente tecnológico: Milei habló de incrementar las capacidades en telecomunicaciones, y al día siguiente firmó dos decretos de necesidad y urgencia en esa dirección.
