Una inversión que no pasa desapercibida: el Gobierno nacional confirmó que destinará más de $300.000 millones para la construcción de la Base Naval Integrada en Ushuaia, la ciudad más austral del país y puerta de entrada simbólica y estratégica a las Islas Malvinas.
El financiamiento quedará contemplado en el Presupuesto 2027 y, según informaron fuentes oficiales, se utilizarán recursos propios del Estado, sin recurrir a endeudamiento externo para esta obra. La proyección oficial fija la finalización de la infraestructura para el año 2029.
La decisión tiene una carga política evidente: Ushuaia es la ciudad argentina más cercana al archipiélago en disputa con el Reino Unido, y una base naval de envergadura en ese punto refuerza la presencia soberana del Estado en el extremo sur del continente. No es un gesto menor en un año en que la cuestión Malvinas sigue siendo bandera de cualquier gobierno que quiera mostrar músculo en política exterior.
La magnitud de la cifra también genera preguntas legítimas: $300.000 millones es una apuesta fuerte en un contexto de ajuste fiscal que el propio Ejecutivo viene sosteniendo como política de Estado. Cómo se compatibiliza esa inversión con el equilibrio presupuestario que pregona la administración actual es una ecuación que deberá explicarse con más detalle cuando el proyecto llegue al Congreso.
Por ahora, el anuncio instala el tema en la agenda y marca una señal clara: el sur profundo de la Argentina, históricamente postergado en infraestructura militar y civil, tendrá en los próximos años una obra de escala inédita que, si se cumple el cronograma, estará operativa antes de que termine la década.
