Pediste $8.000 para comprar pañales y un año después te reclaman $127.000. No es una distopía financiera: es un caso real que llegó a la Justicia y que hoy pone en el banquillo a Mercado Pago, la plataforma de pagos digitales más masiva del país.
La demanda fue presentada por la Asociación de Consumidores Financieros de la República Argentina (ACFRA), encabezada por el abogado Diego Espasandín. El expediente tramita ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 24 de la Ciudad de Buenos Aires. Según la asociación, los intereses aplicados en el caso analizado superaron el 1.300% anual, una cifra que, dicha así, cuesta creer pero que la matemática del expediente sostiene.
El caso tiene nombre y cara: una consumidora que tomó el crédito para comprar pañales para su hija, pagó algunas cuotas y, cuando no pudo seguir, vio cómo la deuda se multiplicaba a un ritmo que ningún ingreso informal puede alcanzar. La pregunta que la asociación llevó a los tribunales no es si la mujer incumplió, sino hasta dónde puede crecer legalmente una deuda cuando el consumidor entra en mora.
El debate tiene sustento legal. El Código Civil y Comercial establece límites a la capitalización de intereses y habilita a los jueces a reducir aquellos que produzcan resultados desproporcionados. La Ley de Defensa del Consumidor, en su artículo 36, exige que las operaciones financieras informen con claridad la tasa efectiva anual, el costo financiero total y el sistema de amortización. La pregunta es si Mercado Pago cumplió con eso o si el usuario firmó sin entender realmente lo que firmaba.
El fenómeno no es exclusivo de este caso. Un ejemplo presentado por el economista Martín Burgos ante la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados mostró que ciertas operaciones fintech pueden alcanzar costos anuales cercanos al 850%. El truco está en la presentación: un préstamo de $100.000 que se devuelve por $109.000 parece barato. Pero esa diferencia, proyectada en tasa efectiva anual y con intereses de mora acumulándose, se convierte en otra cosa completamente distinta.
Lo que hace más relevante esta causa es la pretensión de ACFRA de que sea reconocida como una acción colectiva. La asociación sostiene que el problema podría afectar a un universo mucho mayor de usuarios de la plataforma. Si el tribunal certifica la clase, la revisión podría extenderse a miles de operaciones similares. Para eso, la Justicia deberá determinar quiénes quedan comprendidos, qué operaciones son revisables y qué tasas se aplicaron en cada caso.
La organización también solicitó una medida cautelar para suspender el cobro de los intereses cuestionados mientras avanza el proceso. El objetivo final es cuantificar cuánto se habría cobrado en exceso y, eventualmente, obligar a la empresa a devolver lo que la Justicia considere indebido. El expediente está en marcha y la resolución puede sentar un precedente que cambie las reglas del crédito digital en Argentina.
