Un procedimiento policial sobre la Ruta Nacional 14 destapó algo que va mucho más allá de un alijo de droga. Un colectivo que trasladaba trabajadores rurales fue detenido y la Policía Federal encontró 45 envoltorios de cocaína. Después, en un allanamiento vinculado a los sospechosos, aparecieron otros 15 envoltorios, dinero en efectivo y celulares. Pero lo que convirtió el caso en algo distinto fue la hipótesis que ahora investiga la Justicia: que parte de esa cocaína podría haber sido utilizada como forma de pago a los trabajadores de la cosecha.
Los dos detenidos, identificados como M.S.S. y S.A.N., están vinculados al traslado de cosecheros desde Concordia hacia establecimientos citrícolas de la región. Ambos fueron acusados de comercialización de estupefacientes. Un trabajador que declaró como testigo —con identidad reservada y atravesando una situación de consumo problemático— relató que al momento del pago los hombres recorrían el colectivo ofreciendo cocaína a los trabajadores.
El fiscal federal Francisco Bernhardt explicó que la causa arrancó a partir de un informe de inteligencia elaborado en junio por la Policía Federal. La decisión de intervenir rápido tuvo sus costos: se cortó la maniobra, sí, pero también se cerró la posibilidad de seguir investigando en las sombras y determinar si esto era un hecho aislado o una práctica extendida con más actores detrás. Los teléfonos secuestrados son ahora la principal herramienta para reconstruir el circuito. Los detenidos serán indagados en los próximos días y luego la jueza federal Analía Ramponi deberá resolver si corresponde la prisión preventiva.
El propio Bernhardt recordó que en 2018, cuando se desempeñaba como fiscal auxiliar en Concepción del Uruguay, tuvo bajo su jurisdicción una investigación por comercialización de drogas en Concordia con características similares. No alcanza para afirmar que el mecanismo sea habitual, pero sí para decir que este episodio no sería el primero con estas características en la zona.
Para entender por qué el caso puede exceder el expediente penal hay que mirar cómo funciona el circuito laboral de la cosecha. El productor terceriza a través de contratistas que reclutan trabajadores, arman cuadrillas y organizan los traslados. El trabajador queda en el último eslabón, con la menor capacidad de negociación. Alcides Camejo, histórico dirigente del sector, sostiene que ese esquema permite que el contratista capture márgenes importantes mientras lo que llega al trabajador se achica. Según su explicación, hoy el productor paga alrededor de $14.000 por bin, cuando debería pagarse entre $25.000 y $28.000, y de esos $14.000 apenas unos $8.000 terminan en manos del cosechero.
La causa quedará en manos de la jueza Ramponi mientras los investigadores analizan los celulares secuestrados para determinar el alcance real de la red. Lo que ya está claro es que detrás del procedimiento en la ruta hay un sistema laboral que deja a los trabajadores rurales en una situación de extrema vulnerabilidad, y que alguien encontró la manera de aprovecharse de eso.
