Cuarenta y seis años después, Argentina cambió las reglas del juego para los menores en conflicto con la ley. Desde este sábado rige el nuevo régimen penal juvenil que baja la edad de imputabilidad a 14 años, enterrando el esquema que venía funcionando desde 1980 y que ya era una rareza jurídica en el continente.
La reforma no es un simple retoque: es una reescritura completa del sistema. El nuevo marco fija un máximo de 15 años de prisión para adolescentes, lo que implica que ningún menor puede recibir una condena perpetua, sin importar la gravedad del delito cometido. Esa prohibición de las perpetuas para menores de edad es uno de los puntos más discutidos y, al mismo tiempo, uno de los más alineados con los estándares internacionales de derechos del niño.
Pero la edad de imputabilidad no es el único cambio de fondo. El régimen incorpora medidas alternativas a la privación de libertad, apuntando a que el encierro sea el último recurso y no el primero. También suma el monitoreo electrónico como herramienta de seguimiento, y establece nuevas reglas de alojamiento para quienes sí deban cumplir una pena en institución. La idea central es que el sistema trate de manera diferenciada a un adolescente de 14 años y a un adulto de 30, algo que el viejo esquema no garantizaba con claridad.
El debate en torno a esta reforma fue largo, intenso y cargado de tensiones políticas. Sectores de la sociedad reclaman desde hace años una baja en la edad de imputabilidad como respuesta al aumento de la violencia protagonizada por jóvenes. Otros sectores advierten que criminalizar más temprano no reduce el delito sino que profundiza la exclusión. La ley intenta pararse en un punto intermedio: más responsabilidad penal para los adolescentes, pero con un sistema que no los trate como adultos.
Lo que viene ahora es la prueba de fuego: la implementación concreta en cada provincia, la capacitación de operadores judiciales, la adecuación de los espacios de alojamiento y la puesta en marcha de las alternativas al encierro. En ese terreno, las diferencias entre provincias pueden ser enormes. Entre Ríos, como el resto del país, deberá adaptar su sistema a las nuevas exigencias del régimen que hoy comienza a correr.
