Noventa muertos. Ese es el número que pesa sobre la causa del fentanilo contaminado, y ahora también pesa sobre dos ex funcionarias del Estado que tenían la obligación de controlar los laboratorios que fabricaron el veneno. El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, las procesó sin prisión preventiva y les trabó embargos por $500.000 millones a cada una.
Las imputadas son Nélida Agustina Bisio, ex titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y Gabriela Carmen Mantecón Fumadó, ex directora nacional del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME). Kreplak las consideró partícipes necesarias del delito de adulteración de sustancias medicinales, un cargo que en esta causa se vincula además con lesiones gravísimas en al menos dos personas, lesiones graves en otras 41 y lesiones leves en otros pacientes.
Ambas seguirán en libertad, pero con condiciones: prohibición de salir del país, presentación mensual ante la Policía Federal, entrega de documentos de viaje e impedimento de contacto con personas vinculadas a la ANMAT y el INAME. La inhibición general de bienes completa el cuadro.
El fallo desplaza el foco más allá de los fabricantes. Los laboratorios involucrados, HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, ya estaban en la mira. Pero Kreplak entendió que las irregularidades de ambas firmas eran conocidas dentro del sistema de fiscalización sanitaria y que existían herramientas administrativas para frenarlas. La inacción del Estado, según el juez, tuvo incidencia directa en que esos productos siguieran circulando.
El fallo fue especialmente duro con Mantecón Fumadó. El magistrado sostuvo que la entonces jefa del INAME “tenía pleno conocimiento del mal funcionamiento de los laboratorios” y que contaba con facultades suficientes para actuar. Sus omisiones frente a advertencias técnicas internas no encontraron justificación en las declaraciones que brindó durante las indagatorias.
Un detalle que el juez consideró determinante: Mantecón se apartó de los plazos reglamentarios para emitir la carta de advertencia contra Laboratorios Ramallo, mantuvo reuniones formales e informales con representantes de las empresas y “cajoneó” durante más de cuatro meses el proyecto de carta de advertencia contra HLB Pharma. La carta contra Ramallo se firmó el 10 de febrero de 2025 y dispuso la inhibición total de su actividad productiva. La de HLB Pharma, que incluía expresamente una prohibición de comercialización, nunca llegó a firmarse. Esa diferencia, para Kreplak, fue lo que permitió que los medicamentos adulterados siguieran en el mercado.
En cuanto a Bisio, el juez señaló que la ex titular de la ANMAT no podía desligarse de lo que ocurría en el INAME, organismo que dependía directamente de ella y sobre el cual conservaba facultades de intervención. El procesamiento de las dos ex máximas autoridades del sistema de control sanitario marca un punto de inflexión en una causa que ya acumula noventa muertes y que, con este fallo, empieza a poner nombre y responsabilidad institucional a la cadena de omisiones que las hizo posibles.
