El contrato entre el Municipio de Concordia y la empresa VITSA para la recolección de residuos ya está bajo la lupa del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos. Lo que iba a ser una revisión programada para el ejercicio siguiente se adelantó: la presentación de las concejalas Amiano y Villalba ante el organismo fue suficiente para que los auditores incorporaran el tema de manera inmediata a sus tareas de control.
El Tribunal realiza actualmente la revisión de las rendiciones presentadas por los municipios y otros organismos públicos de la provincia. En el caso de Concordia, además del control en sede del organismo, los auditores realizan verificaciones presenciales para profundizar sobre aspectos específicos de las cuentas. El contrato con VITSA, instrumentado tras la declaración de emergencia ambiental por parte del Municipio mediante contratación directa, compromete recursos públicos por una suma que supera los $3.000 millones anuales.
Ya fueron enviados requerimientos de información tanto al Ejecutivo municipal como al Concejo Deliberante. Los pedidos apuntan a reunir la documentación necesaria para analizar el procedimiento administrativo utilizado y los antecedentes vinculados con la contratación. No es un trámite menor: cuando el Tribunal pide papeles, los papeles tienen que aparecer.
La actuación del organismo se produce además en paralelo a la denuncia penal presentada por el abogado Mariano Giampaolo, quien pidió a la Justicia que investigue la posible comisión del delito de defraudación contra la administración pública en relación con este contrato. La existencia de una causa judicial no impide el control administrativo y contable del Tribunal de Cuentas: son carriles distintos que pueden correr al mismo tiempo.
Hay un dato que merece atención: según la información disponible, la Fiscalía del Tribunal podría iniciar una investigación de oficio a partir de los elementos que surjan del análisis. Y si en ese marco detectara una irregularidad que constituya un perjuicio o una infracción, el organismo tiene la obligación de formular la correspondiente denuncia ante la Justicia. Es decir, el control administrativo podría alimentar la causa penal.
El contrato de VITSA con el Municipio de Concordia acumula así frentes abiertos en simultáneo: el control del Tribunal de Cuentas, una denuncia penal en la Justicia y el seguimiento político desde el Concejo Deliberante. La presión institucional sobre una contratación que involucra miles de millones de pesos de recursos públicos no hace más que crecer.
