La polémica por el sistema de alimentación escolar en Entre Ríos sumó un capítulo más. El senador provincial Gustavo Vergara respondió con dureza a la ex diputada nacional Blanca Osuna, quien días atrás había publicado una carta abierta dirigida al gobernador Rogelio Frigerio bajo el título «Con los chicos no».
Vergara no se anduvo con rodeos. Le recordó a Osuna su pasado como defensora de Sergio Urribarri —condenado por corrupción— y cuestionó que en aquellos años no haya escrito cartas abiertas ni reclamado transparencia. «Tiene derecho a cambiar de opinión, pero no a borrar su propia historia», escribió el legislador.
El senador sostuvo que la licitación centralizada fue pública, atravesó los controles correspondientes y no recibió impugnaciones durante su trámite. Frente a las acusaciones de favorecer a una empresa, Vergara fue directo: si Osuna conoce un delito, que lo denuncie ante la Justicia. Si no, que deje de usar a los chicos como escudo para una operación política.
El argumento central del oficialismo es la desigualdad que existía antes. Según Vergara, el sistema anterior dejó cientos de establecimientos sin control real y con diferencias enormes entre escuelas: en algunas había una prestación adecuada; en otras, mate cocido con pan, facturas o alfajores. «Eso no era diversidad. Era desigualdad», afirmó. Y agregó que ya en 2014, estudios de la Universidad Nacional de Entre Ríos advertían sobre las deficiencias nutricionales del sistema, pero durante años nadie actuó.
Vergara también apuntó a la fragmentación del gasto: la dispersión de las compras dificultaba controlar en qué se usaba el dinero destinado a los chicos. Esta gestión, sostuvo, detectó y denunció compras injustificables, precios fuera de mercado, rendiciones inconsistentes y utilización indebida de fondos, con actuaciones administrativas concretas como respaldo.
Sobre el fallo judicial que generó ruido en los últimos días, el senador aclaró que la Justicia no anuló la licitación ni rescindió el contrato: solo dispuso que no se entreguen productos con sellos de advertencia, decisión que el Gobierno cumplirá. El tribunal, además, reconoció las facultades de la Provincia para organizar el programa, definir los menús y seleccionar proveedores.
El cruce entre Osuna y el oficialismo provincial refleja una disputa que va más allá del menú escolar: es una pelea por la narrativa de quién administró mejor y quién tiene autoridad moral para reclamar. La discusión está instalada y, mientras tanto, los comedores escolares de la provincia siguen en el centro de la escena política entrerriana.
