El número lo dice todo: $563.000 millones es lo que tiene disponible Vialidad Nacional este año para mantener y construir rutas en todo el país. En términos reales, eso representa un 79% menos que en 2023, el nivel más bajo en tres décadas. No es una caída, es un derrumbe.
El ajuste no discrimina: alcanza tanto a las obras nuevas como al mantenimiento de la red existente, que es justamente lo que evita que una ruta deteriorada se convierta en una trampa mortal. Y el impacto no es parejo: hay provincias que sufrieron recortes de hasta el 85% en sus partidas, lo que en la práctica significa abandono.
El dato más elocuente sobre el estado actual de la infraestructura vial es este: seis de cada diez kilómetros relevados por los propios organismos técnicos están en estado malo o regular. Más de la mitad de la red, en condiciones que van de deficiente a directamente peligrosa. Eso no es consecuencia de este año solamente, pero este presupuesto garantiza que la situación no va a mejorar.
Para Entre Ríos, provincia atravesada por corredores nacionales que son columna vertebral de su economía agroindustrial y turística, la pregunta no es abstracta. Las rutas nacionales que cruzan el territorio entrerriano conectan puertos, frigoríficos, zonas citrícolas y el corredor del río Uruguay. Cuando el presupuesto de Vialidad se desploma a nivel nacional, las consecuencias llegan al asfalto de acá.
El gobierno de Javier Milei sostiene que el ajuste del gasto público es condición necesaria para el equilibrio fiscal. Esa es una posición política legítima. Pero hay una diferencia entre recortar burocracia y recortar infraestructura: la burocracia no se rompe, el asfalto sí. Y cuando se rompe, se rompe en la ruta, con un camionero adentro o una familia que vuelve de vacaciones.
Con el presupuesto en su piso histórico y más de la mitad de la red en mal estado, la deuda vial que se acumula hoy será más cara y más urgente de resolver mañana. El deterioro no espera.
