Un fallo judicial, dos lecturas. Mientras la oposición y los sectores críticos leen la sentencia como un freno al nuevo sistema alimentario escolar de Entre Ríos, el Gobierno provincial sale a pararse firme y dice exactamente lo contrario: que la Justicia no solo no frenó la reforma, sino que además ratificó las facultades del Poder Ejecutivo para organizar, controlar y administrar el Programa Alimentario Escolar.
La postura oficial no es menor. Según la interpretación que hace la Provincia, la sentencia reconoce valor probatorio a la documentación técnica presentada y considera acreditado que la centralización de las compras surgió de un diagnóstico previo orientado a mejorar la trazabilidad, los controles y la homogeneidad de la prestación. En criollo: el Gobierno dice que la Justicia le dio la razón en lo sustancial.
Lo que sí admite el Ejecutivo es que deberá realizar adecuaciones puntuales respecto de los productos alcanzados por la resolución. Y en ese punto es claro: el objetivo no es defender un producto, una marca ni una empresa, sino garantizar una mejor alimentación para los estudiantes entrerrianos. Una distinción que, en el contexto de las sospechas que rodean a las licitaciones alimentarias en la provincia, no es un detalle menor.
El nuevo esquema que impulsa la gestión de Frigerio es mixto. Los desayunos y meriendas tendrán una organización provincial centralizada, mientras que los almuerzos continuarán siendo administrados por cada escuela, que seguirá comprando en comercios y proveedores locales. La licitación que derivó en este modelo fue pública y abierta, según subraya el propio Gobierno, y lleva más de un año de trabajo desde el inicio de la gestión.
El punto más sensible del fallo, que la Justicia respaldó el derecho a una alimentación sin sellos de advertencia en las escuelas entrerrianas, no aparece cuestionado por el Ejecutivo. Al contrario: la Provincia afirma que valora el funcionamiento de los mecanismos institucionales de control y que una política pública que busca mayor transparencia también debe estar abierta al escrutinio judicial y tener capacidad para corregir lo que sea necesario. Una concesión que, dicha en voz alta, suena razonable.
El Gobierno continuará analizando los fundamentos jurídicos de la sentencia y los pasos procesales que correspondan. Mientras tanto, cumplirá lo dispuesto por la Justicia y seguirá avanzando con la transformación del sistema, con foco en la trazabilidad, la transparencia y la calidad de lo que reciben los chicos en cada comedor escolar de la provincia.
