La Justicia entrerriana le puso un freno claro al gobierno provincial: ratificó el amparo colectivo contra la centralización de alimentos para comedores escolares y ordenó que no se distribuyan en desayunos y meriendas productos que lleven sellos de advertencia nutricional. El fallo no deja margen de interpretación.
La resolución judicial sostuvo que la Ley de Alimentación Saludable es de aplicación inmediata, lo que significa que la Provincia no puede ignorarla ni demorar su cumplimiento bajo ningún argumento administrativo o logístico. Si la ley existe, rige. Así de simple, así de contundente.
El centro del debate es la centralización del sistema de distribución de alimentos para los comedores escolares, una política que venía siendo cuestionada desde distintos sectores. El amparo colectivo buscaba, precisamente, que esa centralización no se convirtiera en una puerta de entrada para productos de baja calidad nutricional en las mesas donde comen los chicos más vulnerables del sistema educativo provincial.
Los sellos de advertencia —esos octógonos negros que indican exceso de azúcar, sodio, grasas saturadas o calorías— son, en este contexto, la línea que la Justicia trazó: ningún producto que los lleve puede llegar a un comedor escolar entrerriano en el marco del desayuno o la merienda. No es una recomendación. Es una orden judicial.
La pregunta que queda flotando es qué tan preparada está la cadena de distribución provincial para cumplir con este estándar sin afectar la continuidad del servicio. Los comedores escolares son, para miles de familias entrerrianas, mucho más que un complemento alimentario: son, en muchos casos, la comida más segura del día de un niño. Eso no es menor y la Justicia, con este fallo, parece haberlo entendido bien.
La Provincia deberá ajustar su operativa de compras y distribución para adecuarse al fallo, que tiene vigencia inmediata. El incumplimiento podría derivar en nuevas instancias judiciales y en sanciones para los funcionarios responsables del área.
