Un juez federal metió presión sobre el Gobierno nacional por una causa que toca un nervio sensible: el dinero destinado a obras viales y mantenimiento de rutas nacionales. El magistrado quiere saber qué pasó con esos fondos.
El juez Ariel Lijo requirió al Poder Ejecutivo que brinde información detallada sobre los recursos asignados a la red vial del país. La solicitud judicial se disparó a partir de una denuncia que sostiene que esos fondos habrían sido desviados de su destino original para colocarlos en instrumentos financieros. Por ahora es una denuncia: no hay condena ni imputación formal confirmada en la fuente.
La causa pone el foco en una práctica que, si se confirma, representaría un uso irregular del presupuesto público: plata pensada para asfalto y banquinas terminando en algún producto financiero. El contraste es difícil de ignorar en un país donde el estado de las rutas es materia de queja permanente.
El requerimiento de Lijo es el primer paso formal del proceso: la Justicia pide, el Gobierno debe responder. Lo que venga después dependerá de la información que el Ejecutivo aporte y de cómo avance la investigación en el juzgado federal.
