La conciliación obligatoria existe en el papel, pero en la práctica Granja Tres Arroyos no abrió sus puertas. El primer día de vigencia de la medida, los trabajadores despedidos se acercaron a la planta para reincorporarse y se encontraron con una respuesta que dice mucho: solo personal policial los recibió, y únicamente para indicarles que dejaran un petitorio. Sin contacto con ninguna autoridad de la empresa, sin ingreso, sin señal de que algo vaya a cambiar.
El resultado es claro para quienes llevan semanas sin trabajo: la conciliación quedó, al menos por ahora, en una formalidad vacía. La empresa no habilitó el regreso de ninguno de los despedidos, y el conflicto sigue sin resolución a la vista.
La Secretaría de Trabajo convocó a una nueva audiencia de conciliación para este jueves 20 de agosto, a las 12, en su sede de Paraná. Antes del encuentro, los trabajadores y el gremio realizarán una asamblea para definir los planteos que llevarán a la mesa y evaluar nuevas medidas de fuerza. Entre las opciones que manejan figuran cortes de ruta, ante la falta de avances concretos.
El cuadro social detrás del conflicto es duro. Varios de los ex empleados contaron que la pérdida del salario los obligó a cambiar radicalmente su vida cotidiana: algunos tuvieron que dejar viviendas alquiladas y mudarse con familiares o parejas, mientras buscan trabajo en un mercado que no sobra de oportunidades. La alimentación y el pago de servicios básicos también se ven comprometidos.
Los trabajadores valoraron la entrega de bolsones de comida por parte del Municipio, pero aclararon que esa asistencia no alcanza para cubrir alquiler, electricidad ni otros gastos fijos. A eso se suma la demora en el acceso al subsidio provincial destinado a los afectados: de las más de 700 personas involucradas en el conflicto, solo unas 80 habrían podido cobrarlo hasta el momento. El reclamo es que se agilice el trámite de manera urgente.
El conflicto también tiene una dimensión que no siempre aparece en los titulares: muchos de los despedidos acumulan cerca de dos décadas de antigüedad en la empresa, lo que hace más difícil la reinserción laboral, especialmente para los trabajadores de mayor edad. No es solo un problema de empleo: es una crisis que ya está golpeando la economía de cientos de familias en la región. La audiencia del jueves será una nueva prueba de si hay voluntad real de encontrar una salida.
