Este martes se movilizan en Paraná contra el fallo de la Corte Suprema que dejó vigente el artículo 154 del DNU 70/23. La bronca no es menor: se trata de una norma que deroga límites a la adquisición de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras.
La consigna que recorre la jornada es “La tierra no se vende, no se quema, ni se desaloja”. Las organizaciones cuestionan la decisión del máximo tribunal y repiten otra frase: “Contra la Corte Suprema y su decisión de entrega vamos a Tribunales”. Acá no se discute solo un fallo: se discute quién pone el precio al territorio. ¿Qué hacés vos con un territorio que se convierte en mercancía?
La Ley 26.737 establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras. Con el artículo 154 del DNU 70/23, esa protección quedó derogada. Para los convocantes, el fallo no es un trámite: es una puerta abierta a la extranjerización.
“No vamos a permitir que tres jueces elegidos a dedo decidan sobre nuestros territorios a espaldas de los pueblos”, señalaron las organizaciones convocantes. La frase no es decorativa: convierte la disputa legal en reclamo político y anticipa una jornada que no se agota en una sola marcha.
El dato jurídico importa. La Corte rechazó por falta de legitimación la demanda presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata y aclaró que su fallo no se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 154 del DNU. Esa precisión no le quita fuerza a la protesta: el artículo quedó en pie y, con él, la derogación de la ley.
Para Nadia Burgos, referente del MST-FITU, “hoy los efectos de este fallo son concretos: la Ley de Tierras queda derogada y no hay restricciones para la extranjerización de nuestras tierras y nuestros ríos”. Su lectura es directa: cuando se toca el territorio, la discusión deja de ser técnica y se vuelve territorial, ambiental y política.
Burgos también planteó que “la tierra no es una mercancía ni una moneda de cambio” y que los ríos, lagos, glaciares, bosques y recursos naturales “son parte de nuestro territorio y de nuestros bienes comunes”. En esa lógica, la movilización de Paraná no aparece como un hecho aislado, sino como parte de una jornada que se organiza en todo el país.
Las organizaciones ratificaron una convocatoria para el 15 de octubre, con el reclamo de “Abajo el DNU 70/23”. La advertencia de Burgos suena a continuidad: “Que se preparen porque vamos a volver a ser miles en las calles para seguir defendiendo nuestro territorio”. El martes, Paraná suma su voz a una disputa que ya cruzó la frontera entre lo judicial y lo social.
