Un conflicto laboral de proporciones sacude a Concepción del Uruguay. El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) presentó este jueves una denuncia formal contra Granja Tres Arroyos por lo que califica como una oleada de despidos ilegales: más de 250 trabajadores notificados de su desvinculación entre el viernes pasado y este jueves, sin que la empresa haya activado los mecanismos legales que corresponden cuando los despidos alcanzan esa escala.
La planta en cuestión es La China, ubicada en Camino al Matadero, en Concepción del Uruguay, y emplea a 737 trabajadores en total. Los despidos comunicados hasta ahora representan aproximadamente el 34% de la plantilla, una proporción que, según el gremio, supera el umbral que la legislación fija para exigir la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis antes de proceder a las cesantías.
La empresa encuadró las desvinculaciones en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, invocando causas económicas. Pero el STIA sostiene que ese encuadre no alcanza: cuando los despidos superan determinado porcentaje de la nómina, la Ley 24.013 obliga a notificar previamente a la autoridad laboral y al sindicato, y a transitar un proceso específico antes de ejecutar las cesantías. Nada de eso habría ocurrido en este caso, según la denuncia.
El planteo gremial va al fondo del asunto: el STIA no solo pide que se abra el procedimiento preventivo de crisis con carácter urgente, sino que también solicita la nulidad de los despidos ya cursados mientras se sustancia ese proceso. Para respaldar ese pedido, la presentación cita antecedentes judiciales donde tribunales ordenaron la reincorporación de trabajadores en situaciones similares, cuando las empresas habían saltado el procedimiento obligatorio.
Ahora la pelota queda en la cancha de la Secretaría de Trabajo, que deberá evaluar el planteo sindical y decidir si interviene. La respuesta de Granja Tres Arroyos no fue conocida al cierre de esta nota. Lo que sí es claro es que cientos de familias de Concepción del Uruguay esperan una definición que puede marcar la diferencia entre conservar o perder el trabajo.
